Por el momento hay tres diputados implicados por el ministerio público en esta red de lavado de activos y narcotráfico y, según fuentes vinculadas a la investigación, pueden caer otros más en las próximas horas o días sobre los cuales existen ya expedientes comprometedores.
Aparte de ellos, también se espera atrapar a más civiles implicados.
Las pruebas han sido recopiladas durante un proceso de varios meses de trabajo conjunto entre autoridades dominicanas y de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), y en base a tales evidencias son probables sujetos de prisión y extradición hacia ese país, añaden las fuentes.
Nexos y evidencias
El senador, cuya identidad ni provincia de representación fue divulgada, aparece en las evidencias manteniendo estrechos nexos con el jefe de operaciones de la red, Juan José de la Cruz Morales, alias “El cacique del Este”, según esta blecen las fuentes consultadas.
La extradición de Morales ya fue firmada por el presidente Luis Abinader.
Aparte de la “Operación Falcón”, las autoridades del ministerio público y de la lucha antidrogas reúnen pruebas de al menos otras cuatro redes poderosas dedicadas a narcotráfico, lavado de activos y tráfico de armas y personas, en cuyas operaciones se visibiliza la supuesta complicidad de legisladores.
Pedido de juez especial para el caso
El Ministerio Público solicitó ayer miércoles a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez de instrucción especial para conocer de las imputaciones contra los diputados Nelson Rafael Marmolejos Gil, Héctor Darío Féliz Féliz y Faustina Guerrero Cabrera, implicados en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Falcón.
La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, presentó la solicitud al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, mediante una instancia depositada en la secretaría del órgano judicial.
Diputados implicados
Marmolejos Gil, de Santiago; Féliz Féliz, de Pedernales, y Guerrero Cabrera, de El Seibo, figuran entre los involucrados en la amplia red a la que el Ministerio Público ocupó bienes millonarios supuestamente adquiridos con dinero del narcotráfico. Los tres son diputados escogidos en las elecciones del año 2020 y, por lo tanto, tienen jurisdicción privilegiada, en virtud del Artículo 154 de la Constitución de República.
Ese artículo señala, en su literal 1, que corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia conocer en única instancia de las causas penales seguidas a senadores y diputados”, recuerda la directora general de Persecución del Ministerio Público en su instancia.
Reynoso explica que el Ministerio Público tiene abierta una investigación en contra de los tres diputados, a quienes imputa, en forma provisional, de asociación de malhechores, narcotráfico, lavado de activos provenientes del narcotráfico y tenencia ilegal de armas de fuego.
Esos delitos son tipificados en los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como por los artículos 4, 58, 60, 75, 85, 99, 100 y 101 de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas.
IMPLICADOS
Bajo persecución
El ministerio público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) persiguen, con el apoyo de todos los órganos de seguridad del Estado, a Erick Randhiel Mosquea Polanco y a otros implicados en la red de narcotráfico y lavado de activos desarticulada con la Operación Falcón.
Además de Erick Randhiel Mosquea Polanco, también se encuentran prófugos sus hermanos Harington José Mosquea Núñez y Claritza Andreina Mosquea Eduardo.
También es persiguido Alberto De Jesús Polanco (El Prieto), socio y testaferro del narcotraficante.
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