Santo Domingo, Rep. Dom.- Un grupo de senadores busca que a través de un proyecto de resolución se conforme una comisión especial que investigue el gasto publicitario en que ha incurrido el Poder Ejecutivo en la última década.
La propuesta, promovida por 14 legisladores, pretende establecer a quiénes se pagó la publicidad, desde cuáles cuentas se erogaron los recursos y los montos pagados.
“Que el Poder Ejecutivo, durante más de 10 años, ha realizado una constante campaña publicitaria relativa a la salud de la población, pero, también, ha promocionado acciones institucionales, servicios, metas, objetivos, sin que fehacientemente se conozcan los detalles y objetivos concretos de la misma y los gastos en que ha incurrido, sin impulsar la apertura de tales datos y la transparencia que deben acompañar a la administración pública”, refiere la iniciativa.
La propuesta legislativa abarcará los gobiernos de Danilo Medina y el primer año del presidente Luis Abinader.
Los legisladores sostienen que dentro de sus funciones de fiscalización y control se hace necesario crear una comisión especial que investigue la publicidad y difusión, tipo de propaganda, objetivos de ellas, a quiénes se pagaron, desde cuáles cuentas se erogaron los recursos o instituciones del Estado que las costearon. Proponen que se rinda un informe de sus efectos y las recomendaciones de lugar para lo que dispondrán de un plazo de 30 días.
El proyecto fue sometido el pasado martes 26 de octubre, y enviado a estudio de comisión.
El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Aurelio Henríquez, aseguró que la única garantía que tienen todos los ciudadanos de estar bien informados es a través de la permanencia de los medios de comunicación y ese derecho debe garantizarlo el Estado.
“Por lo tanto la publicidad que coloca el Estado en los medios de comunicación para publicitar todas las obras que hace e informar al país lo que están haciendo y los proyectos a desarrollar se hace vía los medios de comunicación para que lleguen a conocimiento de los ciudadanos”, apuntó.
Henríquez precisó que los periodistas y los medios de comunicación juegan su rol de cuestionar y preguntar sobre las acciones de los funcionarios.
La propuesta de resolución de los senadores se presenta momentos en que muchos de ellos son cuestionados por el uso dado a los recursos que reciben por el Fondo del Asistencia Social mejor conocido como barrilito.
Una investigación del programa El Informe de Alicia Ortega evidenció que la mayor parte de estos fondos son usados para pagos de publicidad, remodelación de oficinas senatoriales, pago de apartamentos y viviendas, regalos, manjares de mariscos, costosos vinos y hasta se documentó la entrega de un dinero a una persona presa, acusada de homicidio, para pagar una fianza. Los legisladores reciben entre RD$739 mil y más de un millón de pesos mensualmente, según la cantidad de población de la demarcación que representen.
Desde 2010 y hasta agosto de 2021, el Ministerio de Hacienda tramitó las exoneraciones de 156 vehículos a nombre de senadores y de 1,195 para diputados (incluidos 112 para varios del Parlacen), cuyos valores en el país de origen o procedencia suman US$154,539,515.08 y, preliminarmente, un monto de RD$4,105,997,878.15 en sacrificio fiscal.
Detrás de la iniciativa están senadores de los partidos Revolucionario Moderno (PRM), de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y Reformista Social Cristiano (PRSC). Son ellos: Dionis Sánchez Carrasco (FP), Yván Lorenzo Suero (PLD), Alexis Victoria Yeb (PRM); Bautista Rojas Gómez (FP), José Antonio Castillo (FP), Héctor Acosta (PRM), Franklin Rodríguez (FP) y Franklin Peña (FP). También David Sosa (FP), Lenin Valdez (PRM), Ramón Pimentel (PRM), Valentín Medrano Pérez (PLD), Virgilio Cedano (FP) y Rogelio Genao (PRSC).
