Santo Domingo, Rep. Dom.- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) fue apoderada ayer de las pruebas de un nuevo caso de presunta corrupción administrativa ocurrido en una institución estatal durante el gobierno de Luis Abinader.
Se trata de presuntas irregularidades cometidas por la ministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez, y en la que también han vinculado al esposo de esta funcionaria, quien alejadamente tendría influencia en los procesos de compra de la institución.
De acuerdo con la denuncia, la ministra de la Juventud pretendía que dos compañías en específico (Inversiones Gretmon, SRL y Sketchprom, SRL) fueran seleccionadas en un proceso de licitación para adquirir equipos tecnológicos por un valor de RD$3 millones, en franca violación a las normas de contrataciones públicas.
Las autoridades los investigan por tráfico de influencia, debido a que las empresas de esta pareja suplían a varios ayuntamientos, en violación a la Ley Ley 340-06, de Compras y Contrataciones
Otro funcionario del Gobierno de Luis Abinader que está en el ojo público por presunta corrupción es Adán Peguero, quien fue suspendido de sus funciones luego de que salieran varias denuncias en su contra por alegados manejos irregulares de contratos en el Instituto Postal Dominicano (Inposdom). Supuestamente este habría realizado contratos cuestionados con la empresa Mía Cargo Group.
Otro escándalo de corrupción, aunque no es de carácter administrativo, es el supuesto tumbe de 400 kilos de cocaína en Barahona, donde hay un total de 15 agentes que fueron sometidos a la justicia y este martes les conocerán medida de coerción. Este caso ocurre cuando la institución trabaja para recobrar la confianza de la ciudadanía y en donde el Ejecutivo ha instruido para que se lleve cuando antes un proceso de transformación.
En la lista de irregularidades hay que mencionar lo ocurrido en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), istitución que ha sido el blanco que denuncias por supuestas irregularidades en el proceso de licitación para el almuerzo escolar.
Las denuncias son investigadas por una comisión especial designada por el ministro de Educación, Roberto Fulcar, quien el fin de semana informó que han encontrado serias irregularidades en el Inabie y que en su momento serán dadas a conocer. El caso se ha manejado sin la intervención de los órganos llamados a desarrollar investigaciones, en este caso el Ministerio Público.
Otro caso que fue sometido ante la Pepca involucra al coordinador del Gabinete de Política Social, Francisco Antonio Peña Guaba (Tony). La Alianza Dominicana Contra la Corrupción depositó documentos en los que señalan que este es responsable de reparto de dinero de forma irregular a un grupo de artistas, violando todos los procedimientos establecidos por la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.
Señalan que además de Peña Guaba debe ser investigado “el asesor del presidente de la República en materia artística, Engelbert Landolfi, receptor de los cuestionados fondos para artistas, manejados por su empresa; al igual que el cantante y músico Fernando Antonio Cruz Cepeda (Bonny Cepeda), viceministro para la Descentralización y Coordinación Territorial del Ministerio de Cultura, quien recibió parte de los fondos, para la orquesta que dirige, mediante contratos de prestación de servicios como parte de los 54 artistas, beneficiados por el Gabinete de Coordinación de la Política Social (GCPS) para las festividades navideñas del pasado año, por un monto superior a los RD$ 55.6 millones”.
En tanto que la Pepca ya ha ejecutado algunas operaciones que han llevado a la prisión a funcionarios del gobierno de Abinader, como es el caso del administrador general de la Lotería Nacional, Luis Dicent, quien fue el principal blanco de la “Operación 13”, un operativo en el que se desmanteló un entramado a lo interno de esa institución.
Los casos son más, la Pepca trabaja para investigar las denuncias que le llegan, mientras que algunas instituciones como Dirección General de Compra y Contrataciones Públicas y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental trabajan para hacer públicas las denuncias y tramitarlas ante el órgano persecutor.
