Según la solicitud de medidas de coerción en contra de los encartados, que consta de 634 páginas en las que señala 25 características que tenía la red, el grupo creó instituciones para suplirles combustibles y materiales gastables que nunca eran entregados, para lo que realizaban cuadres ficticios.
Según la instancia, los imputados “nombraron personas de confianza en los departamentos de auditoría, despacho de combustible, almacén, raciones alimenticias, inteligencia y cuentas por cobrar, a los fines de poder mantener el control de lo que se presentaba a la Contraloría General de la República”.
Señala que el grupo también asignó partidas millonarias mensuales para raciones y operaciones de inteligencia, que eran utilizadas para gastos personales e inversiones de los directores y financieros de las instituciones.
Afirma que también exigían sumas millonarias, como sobornos, a empresarios suplidores del Cuerpo Especializado de Seguridad presidencial (CUSEP) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Asimismo, anota la acusación, “utilizaron militares y policías que se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de los recursos, ya que realmente eran fondos extraídos del patrimonio público, a través de instituciones castrenses y otras organizaciones”.
Según el expediente, los procesados “inyectaron dinero en una empresa disfrazada de asociación, que realizó operaciones millonarias típicas de una organización empresarial, pero con el objetivo de evadir la fiscalización de las sociedades comérciales se le dio apariencia de una Organización no Gubernamental”, explica.
Indica que pese a la creación de las empresas para adquirir bienes, estas no presentan operaciones comerciales, y establece que su único fin era “darle apariencia licita a las propiedades que adquirían los miembros de la organización”.
Señala que en ese proceso también fueron utilizadas organizaciones religiosas, las cuales afirma “son maniobras propias del crimen organizado y le servían de escudo para disfrazar operaciones millonarias de lavado de activos”.
Los implicados “distrajeron fondos del Estado a través de personas que figuraban en nóminas públicas sin trabajar y recibían un pago mensual a cambio de ser prestanombres, obtener una pequeña suma de dinero y devolver entre el 80 y el 90% de lo cobrado, cada mes, para ser distribuido entre los miembros de la organización”.
El Ministerio Público afirma que esta red utilizaba sellos de la Contraloría General de la República y otras instituciones para dar apariencia licita a sus operaciones.
Fruto de esas maniobras, agrega, “adquirieron decenas de bienes millonarios (casas, apartamentos, autos lujosos y de última generación, fincas, empresas, cuentas bancarias…) para colocar los activos distraídos del patrimonio público y hacerse titulares a través de personas físicas y jurídicas de cuantiosas fortunas”.
También, añade, utilizaron bienes incautados como propios, acciones que afirma les permitían poseer un estilo de vida propio del crimen organizado.
El Ministerio Público solicita, en la solicitud de medida de coerción, que el caso sea declarado complejo y a los imputados se les dicte 18 meses de prisión preventiva.
En el caso figuran, como imputados, el general Juan Carlos Torres Robiou; el general Julio Camilo de los Santos Viola; el general Boanerges Reyes Batista, el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores; el coronel paracaidista Carlos Augusto Lantigua Cruz; el coronel piloto Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara; el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez; el teniente coronel Kelman Santana Martínez; el mayor José Manuel Rosario Pirón; César Félix Ramos Ovalle; Miguel Ventura Pichardo; Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez y Esmeralda Ortega Polanco.
Una empleada clave en el entramado
La Pepca sostiene, en su instancia, la teoría de que más del 90% de las operaciones financieras de esta red de corrupción fueron realizadas por la imputada Esmeralda Ortega Polanco, en una sucursal del Banco de Reservas en la avenida Venezuela, de Santo Domingo Este.
En concurso con esa gerente bancaria, anota, “se evitaban los controles del sistema financiero, evidenciándose en que, a pesar de haberse manejado cientos de millones de pesos por personas sin contar con el perfil financiero para esto, nunca fueron hechos reportes de transacciones sospechosas y escasos reportes de transacciones en efectivo”.
Además, señala el ente acusador que los imputados eligieron una sucursal del Banco de Reservas y su gerente, para que las transacciones realizadas por estos policías y militares nunca generaran alertas de Reportes de Transacciones Sospechosas (ROS) en el Sistema Financiero Dominicano.
El Ministerio Público sostiene que la imputada era una especie de “asistente financiera” del coronel Rafael Núñez de Aza, uno de los imputados en el caso
Expareja de oficial tenía control de empresa
De acuerdo al documento, la imputada Lucía Rodríguez Jiménez, pareja sentimental y madre de dos hijos del imputado Núñez de Aza, mantenía el control operativo y la administración de dicha empresa, además de trabajar en el área financiera del Cestur, específicamente como subencargada de auditoría interna.
Señala que esta imputada, buscando cómo desligarse de la empresa en los documentos societarios, le otorgó a su asistente, Nicole Gonzá
lez Núñez, el 7 de diciembre de 2015, un poder para realizar gestiones de aperturas de cuentas a nombre de la empresa, en la sucursal del Banco de Reservas de la avenida Venezuela, y además le autorizaba la firma de cheques a nombre de SSA Corporation.
Similitudes en manejo de nóminas
Una de las principales fuentes de recursos ilícitos utilizada por los miembros del entramado consistía en la distracción de fondos de las nóminas del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), hoy Politur, y del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).
Se establece que existía un esquema tipo piramidal en el que, en el caso del Cestur, el imputado Juan Carlos Torres Robiou, aprobaba nombramiento de personas que eran colocadas en el sistema de recursos humanos por el Director del Departamento de Recursos Humanos, el imputado coronel Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, en nómina por el gerente financiero, el imputado Rafael Núñez de Aza, y el encargado de tecnología y nómina, imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez.
ENTRAMADO
Pasos para no levantar alertas.
Según la pieza acusatoria levantada por el Ministerio Público, los imputados eligieron una sucursal del Banco de Reservas y a su gerente, para que las transacciones realizadas por estos policías y militares nunca generaran alertas de Reportes de Transacciones Sospechosas en el Sistema Financiero Dominicano.
