A Karla Raquel García Cáceres, de 17 años, el Estado de El Salvador le practicó un legrado en un hospital nacional en la periferia de San Salvador, la capital, luego de que la menor sufrió un aborto en una penitenciaría juvenil en la que la policía la había metido un mes antes acusándola de pertenecer a pandillas. La intervención médica consta en un documento judicial al que Infobae ha tenido acceso y el cual confirma información sobre este caso que el gobierno de El Salvador se ha empeñado en negar en el contexto de múltiples señalamientos por violaciones a los derechos humanos durante un régimen de excepción decretado por el presidente Nayib Bukele hace un año.
Fue el 22 de julio de 2022, poco más de un mes después de que dos soldados la detuvieron en una aldea costera en el oeste de El Salvador que Karla Raquel fue trasladada desde el reclusorio en el que la habían ingresado hasta el Hospital Nacional San Bartolo, en la periferia de la capital San Salvador, para practicarle un procedimiento conocido como Aspiración Manual Intrauterina (AMEU), según consta en un oficio judicial anexo al caso que el Estado salvadoreño le abrió a Karla por asociaciones ilícitas y al que Infobae tuvo acceso. El AMEU es una técnica médica para retirar el contenido del útero tras un aborto incompleto, según una ginecóloga consultada.
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Cuando Karla Raquel fue detenida tenía entre cuatro y cinco semanas de embarazo de acuerdo con una prueba casera que, según testimonios de la familia, la joven se había hecho horas antes del arresto. No hay prueba documental del embarazo, pero sí del legrado que médicos empleados por el gobierno de El Salvador le hicieron un mes después.
El documento en que consta el AMEU es la respuesta a un recurso de habeas corpus que la madre de Karla Raquel, Anatalia Cáceres, introdujo en la Corte Suprema de Justicia en octubre de 2022 y que el supremo resolvió hasta el 20 de enero de este año. “De acuerdo con certificación médica de fecha de noviembre de 2022, suscrita por médicos del Hospital Nacional Angélica Vidal de Najarro, San Bartolo, la adolescente fue ingresada el día 22 de julio de 2022 por aborto espontáneo incompleto, se realizó AMEU, y se dio de alta al día siguiente”, dice el oficio judicial.
La madre de la menor alegó, ante la Corte Suprema, que fueron aquellos golpes, y el hecho de que Karla Raquel no recibió atención médica adecuada al estar bajo custodia de agentes del Estado, las causas del aborto espontáneo que, escribe la mujer en su petición legal, puso en riesgo la vida de su hija.
Jaime Ernesto Zavaleta, cuñado de Karla Raquel y vocero familiar, asegura que “los soldados la golpearon… le dieron un rodillazo en la espalda, la esposaron y eso fue lo que le causó el aborto”.
Consultado sobre este caso, el Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura (IRCT), con sede en Dinamarca, emitió una “opinión de experto sobre las potenciales causas de la pérdida de Karla Raquel García Cáceres”.
“Es nuestra opinión que el trauma físico experimentado por la señorita García Cáceres durante su arresto puede ser un factor contribuyente en su aborto espontáneo. Estudios médicos demuestran que el trauma físico, dependiendo de su severidad, puede causar o contribuir a un aborto espontáneo en cualquier momento del embarazo. También hacemos notar que hay estudios que han demostrado que mujeres detenidas presentan índices más altos de afectaciones perinatales, incluido el aborto espontáneo, debido a condiciones pobres de higiene, altos niveles de estrés, exposición a violencia y abuso, y deficiente atención sanitaria. En el caso de la señorita García Cáceres, el asalto físico por sí mismo o en combinación con su detención puede haber conducido a la pérdida del embarazo”, dice IRCT en una nota fechada el 22 de marzo de 2023.
En su resolución, la CSJ salvadoreña, cuyos magistrados fueron nombrados por diputados oficialistas leales a Bukele tras la destitución ilegal de sus antecesores, negó el habeas corpus a la madre de Karla Raquel porque, dicen, la mujer no pudo probar “el estado de gravidez” en que se encontraba la menor al ingresar a prisión. En la misma resolución, sin embargo, la misma corte se refiere al legrado que se le practicó a la joven embarazada.
“Si se estableció que hubo aborto significa que había embarazo. Es contradictorio entonces que la Corte diga que no se pudo comprobar el estado de gravidez”, dijo a Infobae un abogado defensor que conoce de cerca el caso de Karla Raquel.
Desde finales de 2022, el caso judicial contra Karla Raquel está en un tribunal de apelaciones en Santa Ana, capital provincial en el occidente de El Salvador. De acuerdo con una fuente judicial familiarizada con el caso, una de las juezas que lleva el proceso en la actualidad ha pedido al menos dos veces todo el expediente médico al centro de resguardo donde la menor está detenida, pero lo único que de ahí le han enviado es una certificación de exámenes médicos practicados en noviembre pasado, cuatro meses después del AMEU, según los cuales el estado de salud de la joven es bueno. Ni siquiera la jueza que lleva el caso tiene toda la información médica a su disposición.
Roxana Cardona es la abogada defensora que retomó el caso de Karla Raquel en la etapa de apelación. Entre las irregularidades con las que se ha encontrado es que no se ha llamado a todos los testigos posibles para determinar qué pasó con el embarazo y el aborto de la adolescente. También le parece extraño que el centro de resguardo no ha mandado el expediente clínico: “Solo dicen que ella está bien, y la señora jueza (de apelación) ha vuelto a solicitar esos informes… Yo estoy esper
Que ni la defensa ni la jueza hayan tenido hasta ahora acceso al expediente médico completo que por ley debe de llevar el Centro de Resguardo para Menores Virginia Pelletier, que es como se se llama la cárcel donde está Karla Raquel, es la principal irregularidad en este caso, según la abogada Cardona.
“En el artículo 8 del reglamento interno (de centros de resguardos para menores) se establece que todo menor cuando ingresa a un centro de resguardo debe ser examinado para comprobar si tiene algo malo, para verificar cualquier estado físico o mental que requiera algún tratamiento especial. Ahí tenían que haberle visto que ella estaba embarazada… Nosotros no sabemos si lo hicieron porque no nos han dado el expediente aún”, insiste Cardona.
Karla Raquel García Cáceres es una de los 1.082 menores de edad a los que el gobierno de Nayib Bukele había metido presos entre el 27 de marzo de 2022, cuando el presidente decretó por primera vez el régimen de excepción tras la ruptura de su pacto de gobernabilidad con las pandillas MS13 y Barrio 18, y el 31 de agosto de ese año. En febrero de 2023, la no gubernamental Human Rights Watch (HRW) publicó una base de datos de la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC) en la que constan las cifras de jóvenes detenidos, así como la causa de la mayoría de esos arrestos: asociaciones ilícitas, una figura delictiva que la Fiscalía General de El Salvador (FGR) suele justificar únicamente con testimonios de los uniformados que hicieron los arrestos.
En el caso de Karla Raquel, de acuerdo con una fuente judicial que conoce de cerca el proceso en contra de ella, la primera resolución de la jueza que sirvió para mantener a la menor en prisión se basó en un acta policial firmada por agentes de la PNC que no estuvieron presentes al momento del arresto. Según consta en lo escrito en el recurso de habeas corpus presentado al CSJ como en los relatos de una de las tres hermanas y la madre de Karla Raquel, las dos familiares que estuvieron presentes cuando ocurrió la detención, los agentes captores fueron dos soldados del Destacamento Militar número 6, no los policías que firmaron el acta con que la jueza ha justificado la estadía de Karla Raquel en el Centro de Resguardo para Menores Rosa Virginia Pelletier.
“Estamos hablando de una niña de 16 años de una comunidad vulnerable que se encontraba embarazada al momento de la detención. Los soldados la golpearon en la espalda y la detuvieron sin orden judicial. Amenazaron a la madre con detenerla si hacía preguntas sobre su paradero. Luego, Karla perdió su embarazo bajo custodia policial y las autoridades no notificaron a su familia. Estamos frente a una violación de derechos humanos fundamentales, tales como a la libertad personal y a la integridad”, aseguró Juan Pappier, subdirector en funciones para las Américas de HRW.
HRW y otras organizaciones defensoras de derechos humanos en El Salvador, como Cristosal, así como medios de prensa independientes, han documentado decenas de casos con características similares al de Karla Raquel en los que hubo violencia a la hora del arresto y en el que la única acusación es el alegato vago de asociaciones ilícitas. Si la historia de esta menor trascendió entre las de miles de jóvenes arrestados durante el régimen de excepción fue porque Anatalia Cáceres le reclamó en público al presidente Nayib Bukele.
En boca del presidente
Anatalia Cáceres aún hila despacio los recuerdos que tiene del día en que los soldados se llevaron a Karla Raquel. Poco antes, la menor de sus cuatro hijas le había dicho que estaba embarazada. Quizá por eso Anatalia encomendó a otra de sus hijas que también vive con ella en la casa de concreto en el cantón Las Tablas que pusiera atención especial a Karla. Anatalia recuerda los gritos que la obligaron a salir de su cuarto la mañana del 18 de junio de 2022. Lo que vio en la calle la descontroló.
Los soldados habían reducido a un joven que estaba cerca y lo había tirado a la parte trasera del pickup color negro con matrícula particular en el que habían llegado. Cuando Anatalia salió, Karla estaba ya hincada y maniatada. La mujer, presa de un ataque de nervios, pedía a gritos que soltaran a su hija; que estaba embarazada, les decía. “Váyase para adentro o la llevamos también a usted”, le dijo uno de los soldados según consta en oficios judiciales.
La hermana mayor de Karla se había asomado por una ventana de la casa que da a la calle cuando ocurrió el arresto. Fue ella quien vio el rodillazo de los soldados en la espalda de Karla Raquel.
Anatalia se recompuso, tomó un bus y se fue a Sonsonate, la capital departamental cercana a Las Tablas. Después de dar vueltas por el centro judicial del lugar y por la sede del 911, el sistema policial de emergencias, alguien le dijo que Karla Raquel estaba en una carceleta policial. Durante meses, Anatalia solo sabría de su hija, que estaba viva, por los escasos monosílabos de empleados judiciales que se apiadaron de ella. Así, por referencia vagas, supo que se habían llevado a Karla a un centro de resguardo para mujeres jóvenes en la periferia este de San Salvador.
La mujer reunió algún dinero y empezó a viajar a la penitenciaría, a unas tres horas en bus, para intentar ver a su hija. No la dejaron. Sí le permitieron pasarle paquetes con comida que Anatalia compraba en una de las tiendas aledañas al lugar. Infobae ha publicado que la Dirección General de Centros Penales (DGCP) del gobierno Bukele controla una red de tiendas y de entrega de alimentos e insumos básicos por cuyo uso los familiares de los presos tienen que pagar hasta USD 170 cada vez que quieren enviar algo dentro de las cárceles. Una empleada del reclusorio, recuerda Anatalia, le dijo que como Karla estaba embarazada le permitirían pasarle fruta y refuerzos vitamínicos.
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