Santo Domingo,- Si las actuales autoridades deciden ponerles fin, a cuatro convenios de trabajo con igual número de abogados para una asesoría legal “gratuita” de la pasada gestión de la Procuraduría General de la República quién suscribió el 17 de marzo de 2020, que podría que pagar RD$20 millones, RD$5 millones para cada abogado.
Así lo informo el periódico Acento, donde se le entregaron los documentos de esos cuatros contratos que fueron suscritos con los abogados José Leonardo Martínez Hoepelman, Julio Miguel Cury David (Julio Cury), Eduardo Jorge Prats y Valentín Medrano Peña.
Esos contratos firmados el 17 de marzo de 2020 y concluyen el 31 de diciembre del año 2023, en nombre de la Procuraduría General de la República, firmó el abogado notario público Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, de esa fecha.
El abogado Procurador General de la República, Jean Alain García, le hizo entrega de un “poder especial” al notario Rodríguez Imbert para contratar a los cuatro notables abogados, cuya la finalidad es poder enfrentar la objeción hicieron que hicieron 19 fiscales al “Concurso Interno para la Selección de Titularidades” convocado por el Consejo Superior del Ministerio Público el 7 de febrero de 2020.
Los fiscales que interpusieron un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo, el 9 de marzo, y contaron con la representación de los abogados Laura Acosta Lora, Nassef Perdomo Cordero y Cristóbal Rodríguez, están Marlene Rodríguez, Alba Esther Corona Valerio, Yeni Berenice Reynoso Gómez, Wilson Manuel Camacho Peralta, Julio Cesar Gómez Quintana, Yoneivy Alfredo González Mueses, Luisa Fridania Liranzo Sánchez, Gladisleny Núñez Gómez, Johann Newton López, Johanna Isabel Reyes Hernández, Wendy María Estrella Monsanto, Pedro Inocencio Amador Espinosa, Fernán Josué Ramos Ramos, Sourelly Naihary Jaquez Vialet, Juan Medina De Los Santos, Marinel Guillermina Brea Tejeda, Pedro José Frías Morillo, Ernesto Guzmán Alberto, Melbin Romero Suazo.
En ese articulo, los contratos que el contratista (abogado) recibió poder representación ad-litem, “tan amplio y suficiente como en derecho fuere necesario, a fin de que de manera gratuita, en nombre de la entidad contratante (Procuraduría) y del Consejo Superior del Ministerio Público, ejerza todas las gestiones, diligencias y actuaciones legales necesarias…”.
Si te ha gustado, ¡síguenos en Instagram!
https://www.instagram.com/p/CE-b6NWjhpI/
