Santo Domingo, Rep. Dom. – El número de procedimientos legales emprendidos contra los propietarios de la discoteca Jet Set ha alcanzado los 65, según informaron fuentes vinculadas al Ministerio Público. Las demandas, que incluyen querellas y denuncias formales, surgen a raíz del trágico colapso del techo del establecimiento, suceso que ha dejado hasta el momento 236 personas fallecidas y más de 180 heridas.
La Fiscalía del Distrito Nacional ha recibido 22 querellas a través del Sistema de Atención al Ciudadano, mientras que otras 43 denuncias han sido registradas por diferentes afectados o sus representantes legales. Las víctimas y familiares continúan siendo entrevistados por las autoridades como parte de las investigaciones en curso.
Nuevas demandas por indemnización
Entre las más recientes querellas se encuentra la interpuesta por el abogado Jean Cristofer Pérez, en nombre de Kiara Lirisset Lantigua Ventura y Luissana Rolisset Grullón Ventura, quienes solicitan una indemnización de 100 millones de pesos por la muerte de su familiar, Lirisset Ventura Brito, ocurrida el pasado 8 de abril.
Pérez argumenta que los responsables de la discoteca incurrieron en homicidio involuntario por negligencia, conforme al artículo 319 del Código Penal Dominicano. El abogado también responsabilizó al Estado y al Ayuntamiento del Distrito Nacional por no cumplir con sus funciones de vigilancia y regulación de locales con alta afluencia de público.
Críticas a las autoridades
“El Estado dominicano y las autoridades municipales incumplieron su deber de proteger a los ciudadanos, permitiendo que un espacio público funcionara sin los controles necesarios”, señaló Pérez. Añadió que la omisión estatal vulneró el derecho constitucional a la vida y a la seguridad, contemplado en el artículo 8 de la Carta Magna.
Además, se cuestiona el papel de la Alcaldía del Distrito Nacional, acusada de no realizar las inspecciones requeridas ni aplicar sanciones, como exige la Ley 176-07 sobre municipios.
Investigación en curso con peritos internacionales
Como parte del proceso investigativo, un ingeniero estructural estadounidense se encuentra en el país colaborando con dos especialistas dominicanos. El objetivo es analizar los restos del techo colapsado para establecer las causas técnicas del derrumbe.
Las acciones legales van dirigidas contra los propietarios del negocio, Antonio Espaillat López y Ana Grecia López, así como la empresa operadora Inversiones E y L, S.R.L. También han sido incluidos en la querella el Estado dominicano y el Ayuntamiento capitalino, señalados como responsables por no garantizar condiciones seguras en establecimientos públicos.
