Santo Domingo, Rep. Dom.- El debate sobre la moralidad y la regulación del contenido digital en República Dominicana escaló este lunes, luego de que el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, abordara públicamente el desafío que le planteó el influyente productor y CEO de Alofoke Media Group, Santiago Matías (Alofoke).
El productor retó al funcionario durante el fin de semana a realizar una “intervención” institucional en el popular reality show digital, La Casa de Alofoke, en medio de un nuevo ciclo de fuertes críticas hacia el programa.
Marco Legal “Inconcluso” Frena la Acción de Cultura
En declaraciones a la prensa durante la presentación de la revista Aída Cultura, el ministro Salcedo desestimó la posibilidad de una intervención, citando el obsoleto marco legal del país como el principal impedimento para la acción institucional.
El funcionario fue enfático al señalar la falta de herramientas jurídicas para abordar las producciones que se desarrollan exclusivamente en plataformas digitales.
“Recuerde que tenemos leyes muy anticuadas y esas leyes no contemplan ningún elemento vinculante a las plataformas que hoy están desarrollando este tipo de acciones,” explicó Salcedo. “Por consiguiente, desde el punto de vista legal, está un poco inconcluso el asunto. Es lo único que puedo decir. Gracias.”
La breve, pero contundente, respuesta del titular de Cultura subraya el vacío legal que existe entre las normativas tradicionales y la explosión del contenido en streaming y plataformas no reguladas.
Matrimonio Feliz Exige Detener el “Ataque a la Moral”
La invitación pública de Santiago Matías a las autoridades surge tras una creciente ola de denuncias, lideradas por el movimiento Matrimonio Feliz.
La organización ha sido una de las voces más críticas, denunciando que La Casa de Alofoke “atenta y socava los principios éticos y morales que deben regir la convivencia”. Además, señalaron directamente la vulnerabilidad de la juventud y la niñez ante el tipo de contenido que se difunde sin supervisión.
Este conflicto reaviva el debate nacional sobre los límites de la libertad de expresión en el entorno digital y la urgencia de actualizar la legislación para proteger a los sectores más sensibles de la población.
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