Distrito Nacional.- El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó este domingo 18 meses de prisión preventiva contra Santiago Hazim, señalado por el Ministerio Público como el principal cabecilla de una presunta red de corrupción que habría estafado al Estado dominicano por RD$15,900 millones, utilizando los fondos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La medida de coerción deberá cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, mientras avanzan las investigaciones del caso, que involucra además a otros nueve imputados, acusados de ejecutar un esquema fraudulento que afectó directamente a una institución que brinda cobertura médica a más de siete millones de afiliados, en su mayoría personas de escasos recursos.
Procedimientos médicos falsos y sobreexposición de pacientes
De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, la estructura criminal habría utilizado procedimientos médicos innecesarios para generar cobros irregulares al seguro estatal. Entre los hallazgos más graves, se identificó el caso de un paciente que fue sometido a más de cinco cateterismos sin justificación médica, con el único propósito de obtener beneficios económicos ilícitos.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, calificó los hechos como “absolutamente criminales” y advirtió que se investiga si la reiterada sobreexposición a procedimientos invasivos pudo haber provocado el fallecimiento del paciente afectado.
Alegato de salud fue rechazado por el tribunal
Durante la audiencia de conocimiento de medida de coerción, Santiago Hazim alegó padecer una pérdida parcial de la visión, atribuida a una esclerosis múltiple que, según su versión, afecta uno de sus nervios ópticos y limita su capacidad visual.
Sin embargo, el Ministerio Público sostuvo que dicha condición de salud no fue certificada por ningún médico forense, por lo que consideró el argumento como un intento de evadir la prisión preventiva, dada la gravedad de los hechos imputados y el impacto causado a los afiliados de SeNaSa.
“La condición de salud alegada no ha sido acreditada ante el tribunal por ningún médico forense”, enfatizó el órgano acusador.
Las autoridades judiciales indicaron además que testigos aseguran que Hazim mantenía una vida cotidiana normal, asistiendo con regularidad a las oficinas de SeNaSa y participando en actividades sociales hasta el inicio del proceso judicial.
Amplio expediente probatorio
En el expediente de solicitud de coerción, el Ministerio Público presentó un voluminoso cuerpo probatorio, compuesto por más de 138 pruebas documentales, así como 35 pruebas testimoniales y periciales, que presuntamente vinculan a los imputados con la estructura de corrupción investigada.
El caso continúa bajo investigación, mientras las autoridades reiteran su compromiso de combatir la corrupción en el sistema de salud pública y garantizar la protección de los recursos destinados a los sectores más vulnerables del país.
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