La protección de la niñez y la estabilidad de los hogares monoparentales han tomado el centro del debate legislativo con la reciente introducción de un ambicioso proyecto de ley. La propuesta, presentada por el diputado Carlos de Pérez, busca erradicar la cultura de incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias mediante la implementación de un régimen de consecuencias civiles sin precedentes.
Un sistema interconectado para frenar la morosidad
El núcleo de esta iniciativa radica en la creación de un Registro Nacional de Alimentantes y de Deudores Morosos. A diferencia de los métodos actuales, este sistema no funcionaría de forma aislada; estaría interconectado con instituciones clave como:
El Poder Judicial
La Junta Central Electoral (JCE)
El Sistema Financiero Nacional
Esta red permitiría la detección automática de los incumplimientos, eliminando gran parte de la carga burocrática que actualmente recae sobre las madres y tutores.
Restricciones a la vida civil y política
Para garantizar que la pensión alimenticia sea una prioridad absoluta, el proyecto de ley establece limitaciones severas para quienes figuren en el registro de morosos. Entre las medidas más destacadas se encuentran:
Restricción de documentos: Imposibilidad de renovar la licencia de conducir, el pasaporte y el permiso de porte de armas.
Impedimento de salida: Los deudores no podrán abandonar el país hasta ponerse al día con sus obligaciones.
Veto a la función pública: Quienes tengan pagos pendientes no podrán ser designados como servidores públicos ni aspirar a cargos de elección popular.
Trámites estatales: Se exigirá una certificación de cumplimiento para cualquier proceso administrativo ante el Estado.
Realidad social y extensión de beneficios
El sustento de esta ley se basa en estadísticas alarmantes: el 40% de los hogares en el país son monoparentales, y se estima que el 93% de los evasores de pensiones son hombres. El legislador señala que el sistema actual, lejos de ayudar, desgasta a las mujeres —quienes presentan cerca de 18,000 demandas anuales— provocando que muchas desistan del proceso por puro agotamiento.
Como novedad, el proyecto contempla extender la pensión hasta los 21 años, siempre y cuando el beneficiario mantenga estudios activos y un rendimiento académico sobresaliente.
Responsabilidad internacional y ética familiar
La propuesta no se detiene en la frontera. Atribuye al Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) la tarea de gestionar el cobro de pensiones en el extranjero, incluyendo medidas extremas como la gestión de deportaciones o cancelación de visados para quienes huyen de sus responsabilidades financieras hacia sus hijos.
Finalmente, el proyecto busca un equilibrio ético al incluir:
Transparencia: La obligación de rendir cuentas sobre el uso de los fondos recibidos.
Sanciones por falsedad: En casos de atribución falsa de paternidad, la responsable deberá devolver la totalidad del dinero percibido.
Nota: Este proyecto de ley representa un giro hacia un Estado que actúa como aliado directo de la familia, priorizando el bienestar de los menores sobre la comodidad administrativa de los deudores.
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