SANTO DOMINGO — En un movimiento que busca reafirmar su política de “tolerancia cero”, la Procuraduría General de la República (PGR) inició el procesamiento judicial del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, quien hasta su arresto el pasado viernes estaba adscrito a la unidad de élite contra la corrupción administrativa (Pepca).
El caso ha generado una fuerte reacción institucional tras revelarse que Valdez Alcántara intentó utilizar su posición para lucrarse a costa de un proceso bajo investigación.
El Operativo: Una “Entrega Vigilada”
La captura se produjo tras una meticulosa investigación dirigida por la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso. Según el expediente, el fiscal exigió inicialmente US$200,000 a Roberto Canaán Acta, figura clave en las investigaciones relativas al Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La PGR ejecutó una entrega controlada de US$10,000 en billetes marcados, autorizada por un juez, momento en el cual el magistrado fue detenido en flagrante delito.
Detalles de la Extorsión
La investigación detalla que el imputado no solo buscaba dinero en efectivo, sino que ejerció una presión constante sobre el testigo para obtener bienes de lujo:
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Insistencia en el lujo: Rechazó vehículos de marcas como Volvo o Mazda, exigiendo específicamente una yipeta Mercedes Benz.
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Accesorios: El pliego de soborno incluía un reloj Rolex.
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Coacción: Registros telefónicos captaron al fiscal presionando con la frase “¿para cuándo está la cosa?”, estableciendo fechas límite para la entrega de las dádivas.
Postura Oficial
Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, calificó el accionar de su subordinado como “repugnante e inaceptable”. Por su parte, la coordinadora de la Pepca, Mirna Ortiz, aseguró a la ciudadanía que la labor de la unidad no se verá comprometida, ya que los expedientes se manejan mediante “fuerzas de tarea” grupales, lo que impide que la conducta individual de un fiscal altere el curso de la justicia.
La audiencia de medida de coerción, en la que se solicitará un año de prisión preventiva, ha sido aplazada para el martes 7 de abril, a fin de que la defensa técnica pueda estudiar las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
