Santo Domingo. El presidente Luis Abinader promulgó la Ley 25-26, una normativa que pone en marcha el sistema “Alertas RD”, diseñado para activar de manera inmediata la búsqueda de personas desaparecidas en la República Dominicana, con especial atención a menores de edad, adultos mayores, mujeres en situaciones de riesgo y personas con discapacidad.
La iniciativa busca fortalecer la respuesta estatal ante reportes de desaparición mediante un mecanismo de coordinación entre instituciones públicas, organismos de seguridad, medios de comunicación y plataformas digitales para acelerar la localización de ciudadanos cuya integridad pueda estar comprometida.
Con la entrada en vigor de esta legislación, las autoridades ya no tendrán que esperar períodos prolongados para iniciar un operativo de búsqueda. La Policía Nacional y el Ministerio Público estarán facultados para activar la alerta tan pronto se reciba una denuncia y se determine que existen elementos suficientes que justifiquen la intervención inmediata.
Diferentes tipos de alertas según cada caso
La normativa establece varias categorías adaptadas al perfil de la persona desaparecida. Entre ellas se encuentra la Alerta Amber, enfocada en niños y adolescentes; la Alerta Silver, dirigida a adultos mayores; la Alerta Azul, para personas con discapacidad; y la Alerta Rosa, creada para mujeres desaparecidas en posibles escenarios de violencia o trata.
Tras la activación de una alerta, las autoridades deberán difundir información oficial a través de medios tradicionales, redes sociales y canales digitales, además de coordinar acciones de búsqueda en hospitales, terminales de transporte, aeropuertos y puntos fronterizos. En casos de posible traslado internacional, también podrá solicitarse apoyo de organismos extranjeros.
Crean registro nacional de desaparecidos
La nueva ley contempla la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, una base de datos administrada por la Policía Nacional que reunirá información relevante de cada caso, incluyendo fotografías, rasgos físicos, detalles sobre la desaparición, condiciones médicas y el estado de las investigaciones.
Además, será conformado un Consejo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, adscrito al Ministerio de Interior y Policía, integrado por varias instituciones del Estado, entre ellas la Procuraduría General, Ministerio de Defensa, Sistema 9-1-1, Ministerio de la Mujer, Indotel, Conani, Conape, Conadis, COE y el Servicio Nacional de Salud.
Denuncias sin trabas y sanciones por incumplimiento
La legislación también facilita el proceso de denuncia, permitiendo que cualquier ciudadano pueda reportar una desaparición de manera presencial o telefónica, sin requisitos burocráticos adicionales cuando existan datos suficientes para justificar la alerta.
Las notificaciones tendrán una duración inicial de cinco días, aunque podrán extenderse mientras las circunstancias del caso lo requieran.
Asimismo, la ley contempla consecuencias para funcionarios que omitan actuar o incumplan con los procedimientos establecidos ante un reporte de desaparición, sin descartar posibles responsabilidades legales.
Otro punto destacado es que las autoridades deberán informar oficialmente cuando una alerta sea cancelada, explicando las razones del cierre y dejando registro público del proceso.
El Poder Ejecutivo dispondrá de un plazo de 90 días para aprobar el reglamento que definirá los procedimientos operativos de “Alertas RD”, sistema que apuesta por la rapidez de respuesta como eje central frente a desapariciones en el país.
