Agregó que “la Constitución dominicana no establece que los militares y los policías deben cumplir la medida privativa de libertad en un centro especial”, al responder a los periodistas que preguntaron si los procesados debían ir a un recinto carcelario militar o policial, como el Comando de Operaciones Especiales.
“Si buscamos jurisprudencias y doctrinas comparadas no es posible que haya un privilegio en función de que sean policías o militares. Sí tienen derecho a que se tomen medidas sobre su seguridad”, indicó.
Sostuvo, además, que el Ministerio Público tiene la obligación de perseguir, “todo acto de corrupción cometido por quien sea”, al referirse a otros implicados en el Caso Coral y que tendrán que enfrentarse a los tribunales en el futuro.
“El Ministerio Público no va a distinguir, y no puede distinguir, en función del trabajo, de la función que desempeñe una persona. Lo único que nosotros tenemos de límites es la Constitución y las leyes, no hay ningún otro”, enfatizó.
Sustracción de fondos
De su lado, el procurador adjunto Wilson Camacho, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), llamó la atención sobre el hecho de que el general Cáceres Silvestre y la estructura de corrupción que operó en su entorno sustrajeron fondos públicos.
Indicó que estos “debieron ser utilizados para mejorar la suerte de los hombres y mujeres que pertenecen a la Policía Nacional y el Ejército” .
“Un hecho muy grave que sucede en este proceso es que miles de policías y militares que tenían derecho a una mejor suerte, que tenían derecho a un salario digno, no lo han tenido porque un grupo de personas decidió tomar parte del presupuesto de esas instituciones y llevarlo a sus bolsillos”, deploró.
Sostuvo que el dinero que los ciudadanos aportan como contribuyentes al erario debe ser utilizado correctamente. “Y el que no lo utilice correctamente tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados a responder por sus hechos”, dijo.
El titular de la Pepca aseguró que el Ministerio Público sigue trabajando para desmontar completamente la estructura de corrupción enfrentada con la Operación Coral.
“Perseguiremos a todo el que el Ministerio Público encuentre evidencias de que se ha involucrado en sustraer fondos públicos, que, repito, debieron ser utilizados para mejorar la suerte de los hombres y mujeres que pertenecen a la Policía Nacional y el Ejército”, sostuvo Camacho.
Prisión preventiva
La jueza Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, acogió el pedimento del Ministerio Público y otorgó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción al mayor general Cáceres Silvestre, así como a los imputados Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora) y al cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa.
También, al coronel policial Rafael Núñez de Aza, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
En el caso de la pastora deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres. Los involucrados en el caso, estableció la jueza, presentan peligro de fuga, así como, de trasiego y manejo de información.
En cuanto al mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, guardará la medida de “arresto domiciliario” en una ubicación que el Ministerio Público tendrá conocimiento bajo estricta confidencialidad.
La medida cautelar impuesta será revisada el 10 de agosto de este 2021, conforme al marco jurídico dominicano.
