Esta medida es parte de las investigaciones que tiene en proceso el Ministerio Público, basado en denuncias de diversas entidades contra las operaciones de estas barcazas.
La orden fue firmada por la jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero Severino.
El allanamiento ha permitido a los procuradores fiscales tomar muestras de las aguas que expulsan las generadoras eléctricas y que utilizan para su enfriamiento y así determinar, según la orden, “si contienen residuos oleosos y otras sustancias contaminantes, así como para medir su nivel de temperatura y analizar las distintas partículas emitidas al aire emanadas como consecuencia de la combustión interna del combustible”.
Al mismo tiempo, la inspección ha perseguido “determinar si los niveles de partículas emitidos al aire se encuentran dentro de los límites permisibles según las Normas de Calidad del Aire”.
Los procuradores midieron además los niveles de ruidos generados por las plantas y han comprobado si las distintas especies tanto de fauna como de flora que se encuentran en el entorno han sido afectadas como consecuencia de las operaciones de las barcazas eléctricas flotantes.
El pasado 23 de marzo, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) ha presentado una denuncia ante la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales en contra de la empresa Seabord Transcontinental, propietaria de la barcaza del río Ozama, por violar varios artículos de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente como consecuencia del mantenimiento operacional de la planta de generación eléctrica en el cauce del río.
