Mediante el decreto 791-21 el mandatario deroga el decreto 143-17 y el 143-17, del 26 de abril de 2017, que establece que las Comisiones de Ética Pública (CEP) tendrán como objeto fomentar el correcto proceder de los servidores públicos.
“En el marco del principio de cooperación y coordinación, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), podrá iniciar una mesa de coordinación con los poderes Legislativo y Judicial, órganos constitucionales y gobiernos locales con el objetivo de acompañar, orientar y estimular la creación, elección o estandarización de las comisiones dispuestas en el presente decreto o su equivalente, acorde a cada naturaleza institucional”, indica el decreto.
La medida también ordena que estas comisiones sean integradas por un servidor público del grupo ocupacional 1, 2, 3, 4 y 5.
Los miembros elegidos para formar parte de las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) determinarán de manera interna a su coordinador general.
