Santo Domingo, Rep. Dom.- El presidente Luis Abinader emitió el Decreto 22-21, que establece Los abogados contratados que recuperen los bienes del Estado que hayan sido sustraídos mediante actos ilícitos pueden recibir un pago de hasta el 30 % de los recursos que recuperen.
Los coordinadores encargados para la selección esta conformado por Jorge Luis Polanco Rodríguez, quien es coordinador general, y los señores José Luis Taveras, Claudia Álvarez Troncoso, Manuel Conde Cabrera, Rafael Rivas Solano y Fernando P. Henríquez como coordinadores de equipos.
Por el momento, los miembros que conforman este equipo están en una fase de reuniones para definir las estrategias. Conforme al Decreto, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo es el órgano encargado de su conformación, con potestad para sustituir a cualquier de ellos en caso de considerarlo necesario.
El abogado Amadedo Peralta explicó que, que los abogados para ser contratados en este puesto deben ser independientes así lo establece la ley de Administración Pública. Así mismo también valoró como muy positiva y beneficiosa para el país, la decisión del Ejecutivo, similar a la que se hiciera durante la gestión de gobierno del expresidente Hipólito Mejía (2000-20004), que otorgó poder especial a un grupo de cinco abogados para que se constituyeran en actor civil en el caso de la supuesta corrupción en el Programa Eventual Mínimo de Empleo (PEME).
Peralta expresó este argumento, fundado en el caso del Banco Peravia, donde fue el abogado contratado para la recuperación de bienes. El estado deberá invertir unos recursos adicionales para que los abogados puedan hacer sus investigaciones y, de ser necesario, proceder a la contratación de peritos.
“Hay otros bienes que no entran en el lavado de activos y que, cuando el Estado se constituye como querellante, víctima y actor civil, mediante la contratación de abogados, se le concede el resarcimiento por daños y perjuicio”.
Amadeo Peralta precisa que presupuesto asignado será administrativo de la investigación del proceso un monto apreciativo, dependiendo de la magnitud del caso. Explicó que en el caso Peravia, pidió un presupuesto de 100 mil dólares para gastos del procesos, pero le estaba recuperando 250 millones de pesos.
