Santo Domingo, Rep. Dom. “El Cuerpo de Seguridad Presidencial puede resumirse en una palabra: prestigio”, fue la frase pronunciada hace cuatro años por Adán Benoni Cáceres Silvestre, el poderoso militar y hombre de “confianza” del expresidente de la República Danilo Medina, hoy señalado como la “cabeza” de la Operación Coral del Ministerio Público por actos de corrupción, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
Adán Cáceres fue asignado a la escolta de Danilo Medina el 25 de septiembre de 2004, tras el regreso al poder del Partido de la Liberación Dominicana.
Su trayectoria al frente de las filas castrenses e instituciones públicas del país fue progresiva. En el 2009, en su rango de coronel, se incorporó en el equipo de oficiales del vicealmirante Sigfrido Pared Pérez en la Dirección General de Migración, labor que concluyó dos años más tarde.
Desde allí escaló hasta la presidencia de la República, con Medina en el poder, recibiendo el ascenso al rango de general de brigada el 15 de agosto de 2012, previo a la salida de Leonel Fernández del poder. Un día más tarde se convirtió en mayor general, de forma transitoria para ejercer como jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), a través del decreto 455-12.
Durante los ocho años de gestión de Danilo Medina, entre 2012 y 2020, a Adán Cáceres se le atribuyó amplio poder en las filas militares y según la Procuraduría era decisivo tanto en el Cusep como en el Cestur.
De acuerdo con informaciones suministradas por la Superintendencia de Bancos, al momento de ingresar al CUSEP los ingresos del mayor general eran de RD$35 mil y sólo poseía un apartamento ubicado en Ciudad Satélite, Santo Domingo Oeste.
Sin embargo, al ser designado como jefe del órgano sus ingresos se elevaron hasta los RD$80 mil, luego a los RD$100 mil, más los 225 mil pesos que devengaba del Ejército Nacional. En total, su salario neto rondaba en los RD$283 mil, según su declaración jurada de patrimonio.
Cuando Medina salió del poder, el 16 de agosto de 2020, se destapó que Adán Cáceres y su amiga, la pastora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, compartían inmobiliarios y empresas millonarias que “no tienen cómo demostrar el origen”, de acuerdo con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
La fortuna de Cáceres
Con dos de sus tres hijos nombrados “asimilados” dentro de la Fuerza Aérea de la República y siendo director del CUSEP, Adán Cáceres vio una escalada sustancial en sus ingresos y posesiones.
Según su declaración jurada de bienes ocho años más tarde al frente la institución el mayor general ya contaba con un solar valorado en RD$1,682,400; un apartamento de RD$10,368 millones y una residencia valorada en RD$8,900 millones.
En cuanto a los vehículos de motor, declaró una Jeepeta de marca Toyota del 2005, según Cáceres valorada en un millón de pesos.
También presentó una cuenta corriente en el Banco Popular Dominicano con un valor de RD$1,108,715.80 y una cuenta de ahorros en el Banco de Reservas con un monto de RD$709,774.86.
Dentro de sus ingresos, además de su salario, Cáceres reportó una entrada mensual de US$950 por concepto de “alquiler de departamento” pagados por el sargento Alejandro José Montero Cruz, así como una entrada diaria de RD$500 como “dieta” en el CUSEP.
Adán Cáceres “no podía seguir justificando sus bienes”
De acuerdo con la PEPCA, los documentos recopilados indican que Cáceres “no podría justificar, ni mínimamente, la súbita adquisición de los inmuebles”, por lo que se asoció con los demás imputados para continuar lucrándose.
Aquí aparece Rafael Núñez De Aza, nombrado por Adán Cáceres como encargado del departamento financiero del CUSEP con un salario de RD$70 mil, sin embargo, al mismo tiempo se desempeñaba como gerente financiero del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) devengando un monto de RD$73,517.06
Entre los bienes, empresas y propiedades que se le atribuyen al exdirector del CUSEP se encuentran nueve solares en Colina del Este, con un valor de aproximadamente RD$40 millones; una extensa empresa avícola ubicada en Monte Plata; y una granja porcina presuntamente manejada por la Asociación Campesina Madre Tierra, una fundación sin fines de lucro dedicada a al desarrollo de proyectos agropecuarios.
Esta última, a nombre de la pastora Rossy Guzmán, es señalada por el Ministerio Público como uno de los “centros de operaciones” para el enriquecimiento ilícito y la “colocación de millones de pesos”.
El órgano persecutor indicó que tanto Adán Cáceres como su “mano derecha”, Núñez De Aza, utilizaban a militares subalternos para depositar pagos a las cuentas de las compañías del supuesto entramado societario.
“A veces sólo agradecemos a los superiores que nos dieron la mano, pero realmente los responsables de impulsar la carrera de cualquier militar son sus subalternos”, se recuerdan las palabras del discurso de Cáceres al tomar el mando de la institución en 2012.
En la solicitud de medida de coerción en contra de los imputados, la PEPCA advierte que las empresas Único Real State e Inversiones SRL y la Asociación Campesina Madre Tierra recibían fondos de instituciones castrenses por concepto de “compras de huevos”, “compras de ganado”, y otros depósitos “sin concepto” para los que utilizaban a subalternos como es el caso del cabo de la Policía Nacional Eric Daniel Pereyra Núñez.
Otras empresas involucradas en el “entramado societario” son Randa Universo Company EIRL (2012) y CSNA Universo Empresarial (2013).
El proceso era el siguiente: las empresas recibían cientos de millones de pesos gracias a los depósitos en efectivo de militares subalternos, los cuales luego eran invertidos en compras de propiedades y vehículos de motor.
El órgano señaló que actualmente Adán Cáceres y Núñez De Aza continúan enriqueciéndose de las “maniobras fraudulentas” por las que se les inculpa, razón por la que tuvieron que tomar “medidas extremas de confidencialidad” para llevar a cabo la operación.
