Santo Domingo, Rep. Dom.-Regular el uso de las redes sociales parece ser el nuevo enfoque de los legisladores, tras la presión social generada a raíz del sometimiento de varios proyectos de ley que buscarían un fin similar: coartar la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en el país.
Al menos, ese interés fue expresado ayer por las diputadas peledeísta Mercedes Rodríguez y perremeísta Shoraya Suárez. Ambas fueron cuestionadas sobre las advertencias de representantes de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de que se han presentado proyectos de ley que buscan coartar la libertad de expresión.
Casi al unísono, Rodríguez, Suárez y los diputados de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo y el reformista Máximo Castro Silverio, aseguraron que ninguna ley que busque coartar la libertad de expresión será aprobada en la Cámara de Diputados.
En tanto, la diputada perremeísta Shoraya Suárez negó que desde el Gobierno existe la intención de coartar la libertad de expresión. Favoreció que se estudien “con pinzas” los proyectos de ley vinculados a la libertad de expresión, para que no se viole el derecho a la intimidad de las personas. Cree que las “redes sociales no pueden ser una herramienta para degradar al ser humano”.
Juristas opinan
Para los abogados Namphi Rodríguez, Nassef Perdomo, Julio Cury y Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), las normativas vinculadas a la libertad de expresión, incluido el uso de las redes sociales, deben evaluarse de manera profunda y sin rapidez.
El jurista y periodista Namphi Rodríguez destacó la doctrina jurisprudencial dictada por el Tribunal Constitucional en la sentencia No. 0437-16 que reza: “La libertad de expresión se aplica al internet del mismo modo que a otros medios de comunicación”.
Afirmó que “las serias amenazas que se han cernido sobre la libertad de expresión”, a través de lo que denominó una “inflación legislativa” mediante los proyectos de ley presentados desconocen los precedentes del Tribunal Constitucional sobre esos temas.
