Santo Domingo.– El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que cuatro provincias permanecen en alerta amarilla y otras ocho en verde debido a la incidencia de una vaguada en el territorio nacional.
En paralelo, crece la preocupación en distintos sectores del país por la expansión de negocios de préstamos informales que operan fuera del sistema financiero regulado, los cuales han sido señalados por recurrir a prácticas de cobro violentas. Según reportes obtenidos, estas acciones han estado vinculadas a hechos trágicos, incluyendo muertes en varias comunidades.
De acuerdo con las informaciones, estas redes identifican a sus potenciales clientes mediante la recopilación detallada de datos personales, como lugar de trabajo, dirección de residencia, entorno familiar y tipo de actividad económica. Su alcance incluye desde trabajadores informales —como vendedores ambulantes y choferes de transporte público— hasta empleados con bajos ingresos y pequeños comerciantes.
El principal gancho de estos prestamistas es la rapidez con la que entregan el dinero, sin exigir los requisitos habituales de las entidades bancarias. Sin embargo, esta facilidad conlleva altos costos: se han reportado tasas de interés de hasta un 20% semanal, lo que representa pagos significativamente elevados en comparación con el sistema financiero formal.
Residentes de distintos barrios aseguran que el método de cobro de estos grupos se basa en la intimidación. El temor a represalias ha limitado que muchas víctimas denuncien públicamente, dificultando dimensionar el alcance real de la problemática.
Uno de los casos es el de un trabajador informal identificado como “Beto”, residente en el sector Pekín, al sur de Santiago, quien denunció haber recibido amenazas tras involucrarse con prestamistas ilegales. Según su testimonio, en ocasiones el dinero es entregado incluso sin ser solicitado, para luego exigir su devolución bajo condiciones estrictas.
El afectado explicó que los intereses pueden alcanzar hasta un 10% semanal, cifras que considera desproporcionadas frente a las tasas reguladas del sistema financiero formal, lo que agrava la situación de quienes, por necesidad, recurren a este tipo de financiamiento.
