Santo Domingo.– El magistrado Wilson Camacho calificó como una “decisión histórica” la resolución emitida por el tribunal que acogió la solicitud del Ministerio Público y dictó medidas de coerción contra los diez imputados en el denominado Caso SENASA, una investigación que destapa presuntos hechos de extrema gravedad en perjuicio del sistema de salud dominicano.
La decisión fue adoptada por el juez Rigoberto Sena, quien al motivar el fallo describió los hechos investigados como “crueles”, “extremadamente graves” y de un impacto social tal que los comparó con una forma de holocausto, debido a las consecuencias directas que habrían tenido sobre la población más vulnerable.
Fundamentos de la decisión judicial
Según explicó el tribunal, la imposición de las medidas de coerción se sustentó en tres elementos clave:
1. La gravedad de los hechos, reconocida expresamente por el juzgador.
2. La solidez de la investigación presentada por el Ministerio Público.
3. La colaboración ofrecida por algunos de los imputados, considerada relevante dentro del proceso.
Como resultado, siete de los imputados fueron enviados a prisión preventiva en los centros penitenciarios de Najayo Hombre y Najayo Mujer, mientras que los otros tres deberán cumplir arresto domiciliario, pagar garantías económicas y enfrentar impedimento de salida del país.
Todos los imputados bajo control judicial
Aunque las medidas varían, el tribunal estableció que los diez implicados permanecen privados de libertad, en tanto avanza el proceso judicial, al considerar que existen riesgos procesales y elementos suficientes que justifican la coerción impuesta.
El Ministerio Público reiteró que continuará trabajando “día y noche” para que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes y adelantó que se prepara la presentación de la versión 2.0 del Caso SENASA, la cual podría ampliar el alcance de la investigación.
Mensaje del Ministerio Público
Wilson Camacho subrayó que esta resolución envía un mensaje contundente a la sociedad, al reflejar el compromiso del sistema de justicia dominicano con la investigación y sanción de hechos que afectan gravemente derechos fundamentales, especialmente en sectores tan sensibles como la salud pública.
“El país está frente a una decisión que marca un precedente”, expresó el magistrado, al destacar que la justicia no puede ser indiferente ante conductas que comprometen la vida y el bienestar de miles de ciudadanos.
SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE
