Santo Domingo, Rep. Dom.- La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) ha tenido mucho trabajo en los últimos dos años y cinco meses, el tiempo que corresponde a la gestión del magistrado Francisco Contreras.
La cantidad de ilícitos ambientales registrados por la institución en este período lo confirman.
Desde octubre del 2018, la Procuraduría Ambiental ha procesado 17,550 casos. De estos, 14,360 corresponden a denuncias por contaminación sónica. Es decir, casi el 85 % de los casos.
Las denuncias por ruido han aumentado más de un 50 % durante la pandemia de coronavirus y ya se le puede considerar un problema de Estado, indica el titular de la entidad creada en el año 2000 para representar y defender los intereses del Estado y de la sociedad en materia ambiental.
Un equipo del Ministerio Público se dedica a trabajar todos los días este delito ambiental, agrega Contreras durante su participación en el Encuentro Verde de Listín Diario.
Las denuncias se notifican y, según el caso, se procura llegar a un acuerdo con los infractores o se procede a incautar los equipos, al cierre del establecimiento o al conocimiento de medidas de coerción.
“Hemos conocido cientos de medidas de coerción por contaminación sónica. Tenemos todos los depósitos que ya no nos caben más equipos incautados; hasta las oficinas de nuestros procuradores en el país entero las tenemos llenas de equipos sónicos, de bocinas”, sostiene Contreras.
¿Qué hacen con los equipos?
“No podemos subastarlos porque estaríamos devolviéndolos a la calle. La práctica es la destrucción de los equipos en mal estado y la donación. Nosotros donamos en el año 2019 y principios del 2020 más de 10 mil equipos a los ministerios de Educación y Cultura, a iglesias, politécnicos, juntas de vecinos y fundaciones y ahora mismo estamos esperando que las autoridades decidan qué vamos a hacer porque tenemos más de 20 mil equipos disponibles tanto para destrucción como para donación”.
Contreras admite que el Ministerio Público no tiene capacidad para conocerles medidas de coerción a todos los casos que llegan por contaminación sónica porque son miles a la semana.
El abogado lamenta que la gente vea como algo normal producir contaminación sónica, un delito que ya no solo se presenta en los colmadones y en centros de bebidas por el uso de equipos de música.
“Las casas de familias se han convertido en centros de bebidas alcohólicas, venden bebidas alcohólicas y producen contaminación sónica”, asegura.
Este tipo de contaminación se produce también en el sector de la construcción y en ciertas industrias como restaurantes, hoteles, lavanderías y panaderías.
Yvonne Arias, coordinadora del Encuentro Verde, y Eladia Gesto, coordinadora de Proyectos de Conservación de la fundación Propagás, consideran que la contaminación sónica, que responde más bien a un problema cultural y de falta de conciencia y educación ciudadana, le toma tiempo y recursos al Proedemaren que pudieran destinarse a resolver otros problemas ambientales relacionados con los recursos naturales.
Y le cuestionan al procurador ambiental por qué no se endurecen las consecuencias. “Ahí vamos –responde Contreras-. Nosotros ya instruimos a todos los ministerios públicos ambientales y ordinarios que trabajan con nosotros el tema de los delitos ambientales para proceder de la siguiente forma: en virtud de lo que establece la ley 287-04 y su modificación en la ley 90-19, primero solicitarles a los tribunales órdenes de allanamiento de los establecimientos o casas de familias que produzcan contaminación sónica; segundo, el secuestro de los equipos; tercero, la clausura de esos establecimientos (en caso de que sean establecimientos comerciales como discotecas y colmadones); y cuarto, conocerles medidas de coerción a los propietarios. ¿Para qué? Para que el régimen de consecuencias sea más fuerte”.
Dice que esta medida, que comenzó implementarse hace dos semanas, forma parte de un trabajo que iniciaron sobre la contaminación sónica que se vio rezagado debido a la pandemia.
“Si continuamos de esta forma y no hacemos que se cumplan las leyes, sin que exista régimen de consecuencias, vamos a estar en lo mismo. Hay un problema de estado ahora mismo”.
Los delitos ambientales más frecuentes, luego de la contaminación sónica, son la contaminación atmosférica (959 casos), el corte y destrucción de árboles (552), la contaminación sónica y atmosférica (471) y la extracción de agregados de la corteza terrestre (226).
Las provincias donde se denuncian más delitos ambientales son Monseñor Nouel, La Vega, San Cristóbal, Azua y en las fronterizas Pedernales, Montecristi, Dajabón y Santiago Rodríguez.
La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales fue creada por la ley 64-00 y ratificada por la ley orgánica del Ministerio Público como una rama especializada de la Procuraduría General de la República (PGR),
“Somos el órgano encargado de la persecución de los ilícitos ambientales en todas sus manifestaciones”, comparte Contreras en el Encuentro Verde de Listín Diario.
Esto incluye tala y quema de árboles, extracción ilegal de agregados, contaminación sónica, contaminación atmosférica y contaminación visual, comercio y tenencia ilegal de fauna, desechos sólidos y contaminación de las aguas y del suelo.
Contreras explica que, tal y como lo contemplan la ley 64-00 de Medio Ambiente y la Constitución de la República, cualquier ciudadano puede denunciar un ilícito ambiental del cual tiene conocimiento.
Las investigaciones comienzan con denuncias que llegan a las oficinas de la Procuraduría Ambiental a través de llamadas directas o del sistema 911, por denuncias en las redes sociales, denuncias presenciales y por apoderamiento propio de la entidad. En los operativos, sigue Contreras, les acompañan el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Protección Ambiental (Senpa), la Academia de Ciencias, la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el movimiento ambiental de toda la República Dominicana.
Dependiendo del delito, Proedemaren apodera a los tribunales para que establezcan medidas de coerción u órdenes judiciales.
Contreras señala como un logro de la institución las alianzas estratégicas y las mesas de trabajo que han establecido con estas instituciones y con las alcaldías, la Dirección General de Aduanas, los ministerios de Salud y Educación, el programa Progresando con Solidaridad (Prosoli) y Codopesca.
La institución cuenta con oficinas en Bonao, La Vega, Moca, Puerto Plata, Montecristi, San Francisco de Macorís y Nagua; Pedernales, Bahoruco, Barahona, San Juan, San Cristóbal, Ocoa y Azua y también en La Romana, Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste.
Donde no existen dependencias de la procuraduría ambiental, los ciudadanos pueden hacer las denuncias en las fiscalías ordinarias del Ministerio Público.
Contreras expresa que el trabajo de la Proedemaren está dividido en dos ejes: el preventivo y la persecución. Como parte del primero, el organismo ha impartido 2,532 charlas y talleres a miembros de juntas de vecinos, clubes, escuelas e iglesias en todo el territorio nacional.
Con estos encuentros buscan que la ciudadanía conozca el trabajo que realiza la Procuraduría Ambiental y sepa a quién recurrir para denunciar los delitos ambientales.
A partir del 4 de mayo, se realizarán 16 charlas dirigidas a líderes comunitarios, presidentes de juntas de vecinos, ambientalistas “y personas interesadas en defender nuestro hábitat”, informa Contreras.
“Hay muchos casos de gente que desconoce lo que establece la Ley 64-00 y la Constitución de la República y por eso el llamado de nosotros y de la magistrada Miriam Germán Brito (procuradora general de la República) a la educación, a que el Ministerio Público se involucre con la comunidad”.
Resalta que hay un empoderamiento de la población con relación a la problemática ambiental “y nosotros le hemos abierto las puertas y estamos trabajando de la mano. Estamos involucrando a toda la fuerza viva de la sociedad para que juntos podamos tener un ambiente sano”.
Destaca que durante su gestión han abierto las puertas de la Proedemaren a todos los movimientos e instituciones ambientales, a las fundaciones, al Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma) y a todos los sectores ambientalistas de las provincias “para que juntos podamos enfrentar las grandes problemáticas ambientales”.
El Ministerio Público no puede hacerlo solo, sostiene, porque su trabajo es una labor de campo que se realiza en los ríos, en los bosques, en las cuencas altas y en las calles, en los operativos con la comunidad.
Un problema recurrente que Contreras denuncia es que los ciudadanos no están respetando la franja de protección de 30 metros en las riberas de ríos y arroyos.
“Están haciendo invasiones para construir y vender solares. Nosotros estamos interviniendo y recuperando esa franja en coordinación con las alcaldías y el Ministerio de Medio Ambiente”.
Entre los operativos recientes más destacados figuran la paralización de la licencia para la construcción de un hotel en el área de recreo Punta Catuano, en la región Este, y la recuperación de los farallones de Las Américas.
“Le estamos dando respuesta con mayor rapidez a los delitos ambientales. Hemos paralizado licencias ambientales que han sido otorgadas en áreas vulnerables, o sea, en áreas protegidas. Hemos paralizado estaciones de combustibles porque están en la franja de las áreas protegidas o en zonas muy pobladas; hemos rescatado especies de vida silvestre: leones, cocodrilos, serpientes, iguanas, cotorras, que están en cautiverio y entran en contradicción con lo que es la ley 64-00”, resume Contreras.
