La magistrada tomó la decisión al considerar que la querella interpuesta por la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiana (Fenattransc) y la Confederación Nacional de Organizaciones de Transporte (Conatra), no guarda relación con la solicitud de medida de coerción en contra de los encartados en el caso Calamar.
El doctor Manuel Rodríguez, abogado de Aldo Antonio Gerbasy, había solicitado a la jueza declarar inadmisible las querellas presentadas en contra de los encartados.
La querella que fue declarada inadmisible fue presentada por Mario Díaz y Antonio Marte, presidentes de FENATTRANSC y de CONATRA, a través de los abogados Carlos Manuel Mesa y Frederminio Ferreras Díaz, quienes señalan en la instancia que los ex funcionarios usaban el dinero que destina un impuesto adicional de dos pesos por galón al consumo de gasolina y gasoil, regular y Premium.
Según la querella, los exfuncionarios usaban para otros fines el dinero de destinado por ley para promover el desarrollo vial y la renovación del parque vehicular de transporte público.
