El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del entonces presidente Donald Trump, anunció una serie de restricciones migratorias que afectan a ciudadanos de más de veinte países, incluyendo naciones latinoamericanas como Cuba y Venezuela. La medida fue presentada como parte de una estrategia de seguridad nacional.
La orden presidencial, firmada en Washington, establece la prohibición total de entrada al país para ciudadanos de 12 naciones, entre las que se encuentran Afganistán, Irán, Libia, Somalia y Yemen. Por otro lado, se aplican restricciones parciales a ciudadanos de otros siete países, como Cuba, Venezuela y Laos.
De acuerdo con la Casa Blanca, estas limitaciones buscan impedir el ingreso de personas provenientes de países que no cumplen con estándares mínimos de verificación de antecedentes, tienen altas tasas de personas que se quedan ilegalmente tras vencer sus visas, o no colaboran en el intercambio de información sobre seguridad.
Las autoridades aclararon que las restricciones no afectarán a residentes permanentes legales ni a quienes posean visas vigentes, además de contemplar algunas excepciones humanitarias y diplomáticas.
“Estas medidas están diseñadas para proteger al pueblo estadounidense y garantizar que quienes ingresan al país no representen una amenaza”, expresó la portavoz oficial de la Casa Blanca, Abigail Jackson.
Esta no es la primera vez que la administración Trump implementa políticas migratorias restrictivas. En 2017, al inicio de su mandato, el gobierno ya había emitido una polémica orden que limitaba el ingreso desde varios países mayoritariamente musulmanes, provocando protestas en aeropuertos y desatando una batalla legal que llegó hasta la Corte Suprema, la cual terminó avalando la medida.
Las nuevas restricciones refuerzan el enfoque de Trump en priorizar la seguridad fronteriza y el control migratorio, pilares clave de su agenda política durante su tiempo en el poder.
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