Los empresarios estaban inquietos ayer. Unos pidieron retomar la mesa del diálogo ante el incremento del comercio informal. Otros que se ejecute una fiscalización más activa de las autoridades a los comercios administrados por chinos en el país que operan de manera irregular, al insistir en que son una competencia desleal, y más ahora por la proliferación acelerada de megatiendas.
Ayer, un medio publicó un reportaje sobre prácticas consideradas como competencia desleal en negocios administrados por chinos, como la subvaluación de productos importados, que les permite evadir impuestos y vender a bajos precios, y la incursión en la venta de artículos ferreteros e iluminación.
A lo anterior, empresarios agregan la necesidad de que se supervisen el cumplimiento del ingreso de los empleados a la Seguridad Social, el pago del salario mínimo, la condiciones de trabajo y los horarios.
“Si yo no estoy declarando ventas, si tengo empleados que no están en la TSS (Tesorería de la Seguridad Social), si no tengo impresoras fiscales, (ellos) están compitiendo totalmente en un ambiente desleal y con todas las ventajas, porque no tienen obligaciones, y eso es parte de lo que se identifica con estos negocios”, dijo José Antonio Álvarez, presidente de la Asociación Nacional de Importadores (ANI).
Aunque las relaciones diplomáticas entre la República Dominica y China se establecieron en 2018, en la ANI estiman que ha sido en la última década cuando ingresaron al país nuevos comerciantes chinos que han acelerado la competencia desleal que critican.
“Entonces, ¿resulta que ellos (los chinos) son el mago Merlín: que de repente llegan a un país y todos los que estamos aquí desde hace décadas enteras no sabemos nada de comercio?”, cuestionó Ángelo Viro, vicepresidente de la ANI.
“Mi socio -agregó-, que sería el Estado dominicano con sus dependencias: Aduanas, Impuestos Internos, todos, tendrían que estar arriba de ese comercio informal, que es de chinos, que es de árabe, de quien sea que sea”.
“Están tan visibles”
La ANI es un gremio que tiene 50 años y casi igual número de miembros. De su directiva se motivaron a conversar con Diario Libre, en reacción al citado reportaje, para exigir más fiscalización y regulación, argumentando que, en el fondo, también el Estado se perjudica de la evasión.
“Preocupa más el que se estén estableciendo en lugares donde están tan visibles y no pase nada”, dijo Álvarez.
La Dirección General de Aduanas (DGA) ha asegurado a Diario Libre que la fiscalización aduanera se ha incrementado.
Según los datos recabados por este periódico, el 26 % de las fiscalizaciones reliquidadas en 2022 -es decir, mercancías que la DGA objeta su valor declarado y las revalúa para que paguen el impuesto justo-, fue al sector de mercancía variadas vinculadas a importaciones hechas por chinos, que representaron unos 2,422.92 millones de pesos.
“No podemos decir que sea así, pero muchos entendemos que eso (la subvaluación) ya es algo que desde el país (China) ya sale pensado con esos fines y que no hay ninguna repercusión para ellos allá”, dijo Álvarez.
Más coordinación
Manuel Cabral, asesor de la ANI, consideró que, ante la dispersión de entidades encargadas de la fiscalización y regulación comercial, se debería procurar un trabajo más coordinado y conjunto.
“El 50 por ciento del comercio o del país completo, de la economía, es informal, entonces, es uno de los temas pendientes, no de este gobierno, no, de hace años: de formalizar la economía para poder recaudar más dinero”, dijo.
Para los importadores, el cliente puede ver al comercio formal como “el malo de la película”, por vender más caro que sus competidores chinos.
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