Los imputados, Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista, Tommy Galán y Roberto Rodríguez, agotarán su turno para expresar unas últimas palabras (si así lo consideran), para convencer de su inocencia a las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Tras concluir las ponencias, las juezas del tribunal, presidido por Gisell Méndez, Tania Yunes y Jisell Naranjo, se retirarán a deliberar hasta tener una decisión sobre el caso, que podría ser, a más tardar, el 7 de octubre próximo.
El pasado jueves concluyeron con su contrarréplica a la réplica del Ministerio Público, los abogados de la defensa de los encartados, quienes reiteraron su inocencia y pedido de absolución, el cese de la medida de coerción y el rechazó al decomisos de sus bienes.
El martes pasado concluyeron los representantes del Ministerio Público, quienes hicieron una réplica al discurso de clausura expuesto por la defensa de los seis imputados en el entramado de corrupción.
El ultimo imputado en concluir con su discurso de cierre fue Conrado Pittaluga, donde sus abogados Manuel Rodríguez, Edward Veras, Santiago Rodríguez, Erick Raful y Conrado Manuel Pittaluga, defendieron que no es cierto que sean simulados los contratos de servicios profesionales que este prestó en la Autopista del Coral.
Los miembros del Ministerio Público llevaron al tribunal más de 1,200 pruebas documentales y el testimonio de 21 testigos, desde que comenzaron la presentación de su oferta probatoria el 8 de enero de este año.
La defensa de los imputados presentó cientos de evidencias documentales incorporadas al proceso, entre los que hay contratos comerciales, relación de comprobantes de pagos de obras públicas identificadas y consorciadas, entre otros documentos, así como decenas de testigos a descargos.
Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) que encabeza Wilson Camacho, piden al tribunal condenar de diez a cinco años de prisión a los seis imputados, además del decomiso de todos los bienes producto de la alegada corrupción en que supuestamente incurrieron.
Pidieron 10 años de prisión para Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa), mientras que, para Andrés Bautista, expresidente del Senado; Juan Roberto Rodríguez, también exdirector del Inapa, y el exsenador Tommy Galán solicitó cinco años de reclusión.
Para el abogado Conrado Pittaluga, solicitaron siete años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos, además del decomiso de los bienes de todos los imputados.
La Pepca solicitó, también que, desde la sala de audiencias, se ordene la variación de la medida de coerción por la prisión preventiva, quienes se encuentran en libertad, tras ser variadas la medidas de coerción.
