La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, presentó una querella penal contra el comunicador Ángel Martínez, a quien acusa de realizar declaraciones falsas y ofensivas a través de su canal de YouTube y la red social X (antes Twitter). Según la funcionaria, Martínez difundió acusaciones graves en su contra sin presentar ninguna prueba, lo que, asegura, ha dañado su imagen y su dignidad.
La demanda fue motivada por videos publicados en mayo de 2025, donde el comunicador afirmó tener en su poder grabaciones comprometedoras de la ministra. En uno de los videos, desde el segundo 0:12, Martínez asegura que un presunto narcotraficante, identificado como Luis Ricardo Reyes, tiene varios videos de Faride Raful, los cuales, según él, también estarían en su poder. El comunicador llegó a decir que estos videos muestran a la ministra en situaciones comprometedoras y que podrían ser utilizados para chantajearla.
En otro fragmento del mismo video, desde el segundo 0:52, Martínez utiliza un tono aún más agresivo y describe con detalles ofensivos lo que supuestamente contienen las grabaciones. Además, anuncia que irá publicando imágenes y fragmentos del material, con expresiones que la querella califica de “vulgares, amenazantes y humillantes”.
La ministra sostiene que todo esto es parte de una campaña deliberada para dañar su honor, afectando no solo su vida personal, sino también su credibilidad como figura pública.
Además de estas acusaciones, el comunicador también vinculó a Raful con actividades delictivas. En otro video difundido por redes sociales, desde el segundo 0:51, Martínez señala que Reyes, a quien relaciona con el narcotráfico, ha brindado apoyo económico a personas cercanas a la ministra. Más adelante, desde el minuto 1:12, sugiere que la supuesta amistad entre Raful y Reyes estaría relacionada con el contenido de los videos y menciona, sin pruebas, una finca donde habría armas ilegales custodiadas por miembros de la Policía Nacional.
Para la ministra, estas afirmaciones no solo son infundadas, sino que representan acusaciones graves como tráfico de armas y uso indebido de recursos del Estado.
En su demanda, Raful también señala que el comunicador dio a entender que podría seguir difundiendo el supuesto material íntimo, lo que, a su juicio, constituye una amenaza directa, además de una forma de presión pública.
Por estos hechos, la funcionaria solicitó una compensación de 50 millones de pesos dominicanos por los daños causados a su reputación, integridad emocional y vida privada. La acción legal está amparada en las leyes dominicanas que sancionan la difamación y la injuria, y se basa también en el derecho constitucional al honor, la intimidad y la buena reputación.
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