La jueza Lissa Veras dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación, ubicado en Najayo, San Cristóbal.
Estableció que la medidasea revisada el 2 de febrero del 2023.
El abogado de la familia de la víctima, Juan Aquino, dijo que el imputado guardó silencio en el tribunal y que adoptó una posición de no poner atención a la audiencia de medida de coerción.
Sostuvo que el Ministerio Público estableció que la víctima y el victimario tenían un vinculo comercial.
“Ellos tenían un vinculo comercial únicamente, donde prestaban dinero de manera informal”, precisó el abogado.
Indicó que las investigaciones han evidenciado que hubo una transferencia de 100,000 pesosde parte de la víctima al victimario.
Dijo que trabajaron juntos en una empresa durante 5 años, pero que ya hacía unos 4 meses que el acusado no laboraba ahí.
