Santo Domingo, Rep. Dom.- El Ministerio Público revelo ayer que abrió una investigación a los miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), por obstruir la justicia al entorpecer indagatorias sobre corrupción en instituciones estatales durante el gobierno del expresidente Danilo Medina.
Las investigaciones están siendo llevadas a cabo por los titulares de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución, Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso.
Manejos irregulares por parte de los miembros de la Cámara de Cuentas, para impedir el suministro de los informes requeridos para el desarrollo de las indagatorias llevadas a cabo por corrupción administrativa, lavado de activos e infracciones conexas, son parte de las acusaciones que hace la Pepca.
El Ministerio Público interrogó este viernes, como parte de las investigación al presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, y al secretario, Carlos Noés Tejada Díaz.
La Pepca, con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, se encuentra inmersa en múltiples investigaciones referentes a denuncias y querellas sobre irregularidades en distintas instituciones de la administración pública.
Según la Pepca ha remitido reiteradas comunicaciones solicitando informaciones a la Cámara de Cuentas, sin embargo, sus miembros han respondido con evasivas, teniendo el Ministerio Público evidencias de que los mismos han incurrido en manejos irregulares, para impedir el suministro de los datos requeridos para el desarrollo de las indagatorias, resaltó el órgano de la persecución penal.
El artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (133-11), establece la obligación de los funcionarios públicos a ofrecer la información requerida, cuya desobediencia se castiga según indica el artículo 188 del Código Penal Dominicano.
Este artículo expresa: “La pena de la reclusión se impondrá: a los funcionarios públicos, agentes o delegados del Gobierno, cualquiera que sea su grado, y la clase a que pertenezcan, que requieren u ordenaren, hicieran requerir u ordenar la acción o el uso de la fuerza pública, para impedir la ejecución de una ley, la percepción de una contribución legal, la ejecución de un auto o mandamiento judicial o de cualquiera otra disposición emanada de autoridad legítima”.
Antecedentes
Todo esto inicia seis meses después de que el presidente Luis Abinader durante un discurso pidiera al presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, que renunciará a su posición.
Aunque este prometió que lo haría, una recomendación de la encargada de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, impidió que este lo hiciera.
Hubo una denuncia del presidente de la Cámara de Cuentas, sobre dificultades que puso a ese órgano el Partido de la Liberación Dominicana para la auditoría a los fondos públicos que recibió a través de la Junta Central Electoral (JCE) en los años 2012 y 2016, conllevó a una investigación por parte del Ministerio Público.
Por esta denuncia fueron interrogados por la Pepca el presidente interino del PLD, Juan Temístocles Montás, el contralor del PLD, Francisco Liranzo, y el gerente financiero, Audilio Vargas.
También el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Francisco Álvarez, fue a la Procuraduría General los días 9 y 30 de septiembre para tratar diversos temas, incluyendo el de las auditorías al PLD que dieron lugar a unas diligencias de parte de la Pepca y la Dirección de Persecución.
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