Santo Domingo. El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó este lunes la apertura a juicio contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que dejó 236 personas fallecidas y más de 80 heridas.
La decisión fue adoptada por el juez Raymundo Mejía, quien determinó que existen elementos suficientes para que ambos enfrenten un juicio de fondo bajo la acusación de homicidio involuntario o culposo, al considerar que los hechos deben analizarse desde la figura de negligencia o imprudencia.
Con este fallo, el tribunal rechazó la petición de un grupo de víctimas que solicitaba que el proceso fuera conocido como homicidio voluntario, una calificación penal más severa.
Durante la audiencia, el magistrado realizó una evaluación de la conducta atribuida a los imputados y concluyó que corresponde a un tribunal de fondo determinar las responsabilidades penales derivadas del desplome ocurrido en el centro de entretenimiento.
Asimismo, el juez dispuso la exclusión del Ayuntamiento, el Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones estatales señaladas inicialmente como posibles responsables civiles del caso. Según explicó, cualquier reclamación patrimonial contra el Estado debe canalizarse de manera independiente ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), conforme a lo establecido en la Ley 107-13.
En cuanto a la situación de los acusados, el tribunal mantuvo las medidas de coerción no privativas de libertad, argumentando que ambos han mostrado disposición de comparecer ante la justicia, poseen arraigo y han asistido de manera voluntaria al proceso, por lo que no procedía endurecer las restricciones impuestas.
No obstante, el juez validó medidas de carácter civil, incluyendo la inmovilización de bienes y medidas conservatorias, con el propósito de garantizar posibles compensaciones a favor de las víctimas constituidas como actores civiles.
De igual manera, el tribunal declaró admisibles las pruebas documentales, testimoniales y materiales presentadas por el Ministerio Público, tras establecer que fueron obtenidas conforme a los principios de legalidad, pertinencia y utilidad contemplados en el Código Procesal Penal y las normativas complementarias de la Suprema Corte de Justicia.
El caso ahora pasará a la etapa de juicio de fondo, donde se debatirán las responsabilidades penales por una de las tragedias más impactantes registradas en el país.
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