La Conferencia Episcopal Española (CEE) recibió 146 nuevos testimonios de víctimas de abusos en 2024 a través de las oficinas de protección a menores de las distintas diócesis, lo que eleva a más de 1.000 la cifra desde que se pusieron en marcha estos procedimientos hace cuatro años. De ellos, 94 no han tenido recorrido judicial, ya sea por el fallecimiento del presunto agresor o por la prescripción del delito. Así lo ha detallado este viernes el secretario general y portavoz de la CEE, Francisco César García Magán, durante la rueda de prensa posterior a la 127ª Asamblea Plenaria, celebrada esta semana en Madrid.
“La cifra de abusos recogidos, dijimos, superaba los mil casos, como cifra global, y estos nuevos casos, pues bueno, se sumarían a esos otros, puesto que no están juzgados y que están en proceso de valoración”, ha precisado. La CEE ha concretado que de estas 146 nuevas denuncias, que “pueden ser de nuevos victimarios o de algún victimario que ya estuviera recogido”, 94 no han tenido recorrido judicial por fallecimiento del presunto agresor o por prescripción del delito, por lo que tendrán su cauce en la Comisión Asesora de Reparación Integral, creada en julio, que impulsa el Plan de Reparación Integral a los menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales (PRIVA).
El secretario general de la CEE ha reiterado el “compromiso de reparación” de la Iglesia con las denuncias de abusos sexuales que ya han prescrito. “Las que sean por vía judicial, vamos a atenernos, por supuesto, y acatar las sentencias que se dicten, y las que no puedan seguir ese recorrido judicial, seguir esa obligación moral de los obispos y las comunidades religiosas”, que es “tan fuerte como la obligación legal”, ha dicho.
En cuanto a la posibilidad de que el Defensor del Pueblo supervise su plan de prevención de abusos, algo a lo que dijeron estar dispuestos el pasado lunes, García Magán ha explicado que esto “es fruto de esa conversación que se está llevando a cabo con el Gobierno”. “Es lo que decía el presidente en su discurso inaugural, que la oficina del Defensor del Pueblo pudiera servir de cauce para ese diálogo, para ofrecer también una posibilidad, una instancia a la que pudieran recurrir esas personas que no pueden tener una reparación por vía judicial. Ahora, los extremos todavía de esa colaboración y del cómo, eso está todavía por definir. Estamos en proceso de negociación”, ha matizado.
Por otro lado, la Iglesia católica española, a través de sus oficinas de protección de menores, formó en 2024 a un total de 225.000 personas, de los cuales 130.000 eran niños, niñas y adolescentes (el 57,8% del total). En concreto, según los datos del servicio de coordinación y asesoramiento de las Oficinas para la Protección de Menores, presentados esta semana a los obispos, también recibieron formación 43.000 profesores, 20.000 padres, 18.600 agentes de pastoral (catequistas, monitores de tiempo libre), 5.000 sacerdotes, 1.800 consagrados no sacerdotes y 800 seminaristas y consagrados en formación.
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