República Dominicana ha iniciado, de la mano de la OCDE, el diseño de su primera Estrategia Nacional de Integridad 2025-2026. Bajo la coordinación de la DIGEIG, este plan busca transformar un sistema que, según el diagnóstico preliminar, presenta brechas críticas entre las leyes existentes y la realidad operativa.
Radiografía del Sistema: Cumplimiento vs. Realidad
El informe revela que el país es eficiente creando leyes, pero deficiente aplicándolas. Los puntos clave son:
- Cabildeo y Transparencia: El vacío es total (0%). No existen regulaciones para el lobby, ni registros de beneficiarios finales de empresas, ni periodos de carencia para exfuncionarios.
- Conflictos de Interés: Existe un sólido marco legal (78%), pero una ejecución mínima (22%). Solo se ha verificado el 14% de las declaraciones juradas desde 2018.
- Financiamiento Político: Es el área de mayor contraste; cumple con el 90% de la normativa, pero solo el 14% se refleja en la práctica, debido a la falta de publicación de informes y sanciones.
- Justicia y Fiscalización: La integridad en el sistema judicial (40%) y la fiscalía (5%) se mantienen en niveles alarmantes, muy por debajo de los estándares internacionales.
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