La comunicadora Lucy Moya volvió al centro de la conversación pública tras viralizarse en redes sociales un fragmento de una de sus intervenciones, en el que anunció que tomaría acciones legales contra su expareja sentimental por la presunta difusión de un video íntimo sin su consentimiento. El caso puso nuevamente bajo la lupa el alcance de la violencia digital en República Dominicana.
El video que circuló corresponde a una participación de Moya en el programa Kapicúa Radio Show. En ese espacio, y en medio de un debate sobre filtraciones de contenido privado, la comunicadora se refirió al impacto personal y legal que conllevan este tipo de hechos, señalando que recurriría a los tribunales si se viera afectada por una situación similar, postura que luego fue interpretada por muchos como una denuncia directa.
De acuerdo con la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la divulgación, difusión o comercialización de imágenes o información privada sin autorización constituye un delito en el país. Las sanciones pueden incluir multas y penas de prisión, que se agravan cuando existe intención de causar daño, chantajear o extorsionar a la víctima.
Especialistas en derecho digital recuerdan que, incluso si el material fue grabado con consentimiento, su publicación sin autorización vulnera el derecho a la intimidad y puede tipificarse como violencia digital. En el caso de figuras públicas como Lucy Moya, el impacto suele amplificarse por la exposición mediática, con consecuencias emocionales, sociales y reputacionales que trascienden el ámbito legal.
El episodio ha reactivado el debate sobre la necesidad de mayor conciencia, prevención y sanción efectiva frente a la difusión no consentida de contenido íntimo, una práctica que continúa afectando de forma desproporcionada a mujeres en el entorno digital dominicano.
