El viernes pasado un comunicador entiendió que tenía una primicia de un documento donde se establece un acuerdo, como lo llamaba él, “de homologación entre el Ministerio Público y un acusado de uno de los casos que lleva la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA)“.
Su falta de lectura comprensiva, producida por deficiencias en su desarrollo cognitivo o por algunos intereses particulares tergiversa el supuesto acuerdo del Ministerio Público y uno de los acusados que, por el criterio de oportunidad, pasan de ser acusados a colaboradores de la investigación.
“Nada más hay una víctima, el Estado. Pero señores, ¿cómo vamos a resarcir a esa víctima que es el Estado? Ah, pero de una manera muy buena van a resarcir. Yo le he dicho a ustedes que la cuestión de que hay gente devolviendo miles de millones pesos es un bulto, un engaño, una estafa. ¿Y usted sabe cómo se estableció que ellos van a buscar el grueso del dinero? Busquen el acuerdo de homologación, para que la gente sepa cómo es que se le va a permitir a estas personas resarcir con miles de millones de pesos al Estado dominicano”, dice el comunicador.
Pareciera que es parte de la barra de la defensa de los acusados, no un comentarista imparcial.
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