Santo Domingo. — El caso de corrupción administrativa que sacude al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) dio un giro decisivo este fin de semana, luego de que el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena Ferreras, dictara 18 meses de prisión preventiva contra siete de los diez imputados en la denominada Operación Cobra.
Los acusados enviados a prisión cumplirán la medida en los centros penitenciarios de Najayo Hombres y Najayo Mujeres, según corresponda. En tanto, el tribunal impuso arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país a los otros tres encartados.
Ministerio Público reafirma compromiso contra la corrupción
Tras conocerse la decisión judicial, el Ministerio Público reiteró que continuará impulsando el proceso hasta lograr que todos los responsables enfrenten la justicia, por los hechos que, según la acusación, afectaron directamente a miles de afiliados del sistema de salud estatal.
El órgano acusador sostiene que los imputados formaban parte de una estructura criminal dedicada al fraude y al uso indebido de fondos públicos, en perjuicio del SeNaSa y del erario dominicano.
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Operación Cobra “versión 2.0”
El procurador adjunto Wilson Camacho anunció que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) trabaja activamente en la “versión 2.0 de la Operación Cobra”, con el objetivo de ampliar el proceso penal contra otras personas físicas y jurídicas que habrían participado en el entramado delictivo.
Camacho aseguró que las nuevas acciones judiciales serán presentadas en el menor tiempo posible, apoyadas en el fortalecimiento de la investigación y nuevas evidencias recopiladas.
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Quiénes irán a prisión preventiva
Entre los enviados a prisión preventiva figura Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa, señalado por el Ministerio Público como cabecilla de la red de corrupción. Junto a él, también fueron privados de libertad:
Gustavo Enrique Messina Cruz
Francisco Iván Minaya Pérez
Germán Rafael Robles Quiñones
Rafael Luis Martínez Hazim
Ada Ledesma Ubiera
Ramón Alan Speakler Mateo
Mientras tanto, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella deberán cumplir arresto domiciliario, presentar garantías económicas y permanecer bajo impedimento de salida del país.
Una decisión calificada como “histórica”
Wilson Camacho calificó el fallo judicial como “histórico”, al destacar que el juez sustentó su decisión en tres pilares fundamentales:
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1. La gravedad de los hechos imputados,
2. La solidez de la investigación presentada, y
3. El nivel de colaboración aportado al proceso.
El Ministerio Público considera que esta resolución envía un mensaje claro de que la corrupción administrativa no quedará impune, especialmente cuando compromete servicios esenciales como la salud pública.
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