Uno de los que se opone a esta medida fue el diputado por Alianza País, José Horacio Rodríguez, quien indicó que la misma no es necesaria ya que las faltas disciplinarias de militares sí se pueden manejar dentro del Ministerio de Defensa, pero para las de tipo penal deben ser juzgadas igual que la de un ciudadano más.
“Nosotros entendemos que la jurisdicción militar debe ser exclusivamente para conocer asuntos de carácter disciplinario de los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, de las fuerzas marítimas, nosotros creemos que todo lo que está en el Código Penal aplica por igual, tanto para civiles como para militares”, explicó Rodríguez.
Del otro lado está el senador por la provincia de Elías Piña, Yván Lorenzo, quien calificó de “persecución” las acusaciones en contra de miembros de entidades castrenses, muchos de los cuales están cumpliendo con prisión preventiva.
“Lo que hemos visto, con la persecución de un grupo de militares, parecería que se hace necesario que eso vuelva de nuevo a la jurisdicción militar”, expresó el legislador.
Bajo la lupa
Durante este año, a través de los casos Coral y Coral 5G, el Ministerio Público señaló a militares de alto rango de formar parte de un entramado de corrupción en instituciones como del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP).
Entre los apresados por Coral están el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz.
Mientras que en Coral 5G los imputados son el exdirector del Cestur, Juan Carlos Torres, el general Julio Camilo de los Santos Viola, el general Boanerges Reyes Batista, el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores.
También los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara y Miguel Ventura Pichardo; los tenientes coronel Erasmo Roger Pérez Núñez y Kelman Santana Martínez; el mayor José Manuel Rosario Pirón; el primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez; César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
Viejas controversias
Otros puntos que por momentos estancaron el proceso de aprobación del Código fueron el tema de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, la inclusión de artículos que evitarían la discriminación a personas LGBTIQ y el maltrato físico infantil.
