Santo Domingo, RD Agentes policiales de Santo Domingo Este, impidieron la marcha que familiares y vecinos de la niña Liz María, quien supuestamente fue asesinada y desaparecida el pasado día 16, querían realizar en procura de que las autoridades esclarezcan el caso.
La caminata-protesta, saldría de los alrededores de la residencia de los padres de la menor, en el Ensache Isabelita II de dicha demarcación no pudo salir, ya que el comandante de la zona, el coronel Nelson Yovani Sánchez, dijo que no presentaron el permiso correspondiente para la actividad.
“Si es verdad que ella quiere paz, ¿por qué no van a la iglesia y encuentran paz ahí?, se quejó el oficial al oir la queja de las personas que participarían en la caminata.
Además, explicó que la marcha no está prohibida, pero que deben solicitar el permiso correspondiente, “con la debida regularización que se debe tener”. Son cosas que uno no entiende. La marcha no está prohibida, pero no pueden hacerla porque no tienen un permiso.
Antecedentes
Después de la desaparición de la niña. Un video que se hizo viral mostraba cuando esta entraba a un callejón en donde vive, el señor Starlin Francisco Santos, conocido como “El panadero”.
Al ser detenido este confesó haber matado a la menor y lanzado su cadáver en las aguas del mar, en las inmediaciones del kilómetro 14 de la Autopista Las Américas.
Las autoridades (buzos, lanchas y drones) permanecieron por alrededor de una semana buscando el cuerpo de la infante sin tener éxito. Por lo que de búsqueda fue detenida definitivamente.
Luego de que no apareciera el cuerpo, y que un abogado representa al panadero esta ha cambiado su declaración alegando que lo antes dicho lo expreso bajo tortura policial.
Criticas
Desde un principio esta investigación a estado plagada de errores. La supuesta escena del crimen, según el vídeo de la cámara de vigilancia, muestra la entrada de la niña, no a la vivienda del supuesto asesino, sino más al callejón que conduce a dicha casa. La vivienda, al parecer, nunca fue procesada de manera científica (cabellos, fluidos y arma homicida), y si lo fue, nunca fue protegida.
Personas del lugar entraron a la vivienda, caminaron, miraron, pisaron y tocaron todo lo que dio las ganas sin que nadie lo impidiera.
No había cinta amarilla que por lo menos impidiera el acceso al perímetro interno de la vivienda, y mucho menos un agente policial que vigilara.
La contaminación de la escena del crimen fue es evidente y en un caso de asesinato de importancia podría ser trascendental.
Además después de detenido el sospechoso, la motocicleta que conducía debió ser incautada como evidencia 1-A del crimen ya que el vídeo que lo acusa, muestra cuando sale con una bolsa o saco en la parte trasera del vehículo.
Esta motocicleta debió ser procesada en un laboratorio en busca de evidencias (cabellos, trozos de ropas, fluidos corporales, que pudieran demostrar dudsa razonables, que el cuerpo sin vida de la infante fue traslado en el cajón de la moto.
Pero no fue así. La moto fue descuidado por los investigadores y cayó en manos de una multitud enardecida que la quemó y destruyó casi por completo, borrando todas evidencias.
Otro fallo fue permitir que el interrogatorio que le hizo la policía al confeso asesino después aparece colgado en Internet, algo que debería ser secreto de la fase de investigación.
Condena sin cuerpo
¿Puede haber condena sin cuerpo? Sí, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el 5 de febrero de este año, creó una jurisprudencia en ese sentido con la primera condena por un caso de asesinato en el cual el cadáver de la víctima nunca fue hallado, sentando un precedente para que este tipo de crimen no quede impune.
En el juicio a Miguel Ángel Jorge Cruz (Miguelito el Sicario), acusado de asesinar a Ramón Adolfo Rodríguez Castillo, el 27 de junio 2017, éste fue condenado a 30 años de prisión.
Aunque no hubo cadáver, el Ministerio Público, hizo hincapiés en los análisis de inteligencia electrónica, recolección de pruebas testimoniales, documentales, materiales, referenciales y periciales, a través de las cuales se determinó que la última vez que la víctima se vio con vida fue junto al acusado.
Fiscales de España, Argentina, Chile, Costa Rica y Guatemala han logrado condenas contra acusados que lograron desaparecer los cadáveres de sus víctimas.
Por Jorge Gonzalez
