A partir del 6 de agosto, policías y militares que impidan a ciudadanos grabar actuaciones oficiales podrían enfrentar sanciones de hasta un año de prisión, según lo establece la Ley 74-25 del nuevo Código Penal dominicano.
La normativa contempla castigos para los agentes que obstaculicen la grabación de arrestos, allanamientos o registros realizados durante operativos, además de multas equivalentes a uno o dos salarios del uniformado involucrado.
El jurista Amadeo Peralta explicó que la medida representa un importante cambio en materia de transparencia y control de la autoridad, al tiempo que llamó a las instituciones militares y policiales a capacitar a su personal sobre el alcance del artículo 275.
La legislación también establece excepciones en casos donde la grabación interfiera con el trabajo de los agentes o represente un riesgo para su seguridad. Asimismo, aclara que el contenido grabado solo podrá difundirse con autorización de la persona intervenida.
Peralta destacó que el nuevo Código Penal incorpora otras reformas relevantes, incluyendo nuevas tipificaciones delictivas y mayores sanciones para distintas infracciones.
