Santo Domingo, R.D. — La periodista y comunicadora Priena Almonte interpuso una demanda judicial contra la influencer y figura pública Ingrid Jorge, acusándola de difamación, injuria pública y crímenes de alta tecnología, tras una serie de publicaciones que, según la demandante, atentan contra su honor y reputación profesional.
La acción legal fue introducida ante la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (PEDATEC) y el Ministerio Público, exigiendo una indemnización de RD$35 millones como compensación por los daños morales y sociales sufridos a raíz de las declaraciones difundidas en redes sociales.
Según el expediente, Jorge habría realizado declaraciones “falsas y maliciosas” en su plataforma digital, vinculando a Almonte con actividades ilícitas sin sustento probatorio, lo que motivó una respuesta inmediata por parte de la periodista a través de canales legales.
“Estamos sentando un precedente. No se puede seguir utilizando el poder de las redes sociales para destruir reputaciones sin consecuencias”, expresó Priena Almonte en una breve declaración pública tras oficializar la demanda.
El equipo legal de Almonte sostiene que las publicaciones violan varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como disposiciones constitucionales que protegen el derecho a la honra, la dignidad y la privacidad.
Por su parte, hasta el momento, Ingrid Jorge no ha emitido una declaración oficial sobre el proceso, aunque en anteriores ocasiones ha defendido su derecho a la libre expresión y ha minimizado las críticas que recibe por su actividad en redes sociales.
El caso ha despertado un amplio debate en la opinión pública sobre los límites de la libertad de expresión, el uso responsable de las redes sociales y la protección legal contra la difamación digital, especialmente en un contexto en el que figuras públicas interactúan constantemente en plataformas con millones de seguidores.
Se espera que en los próximos días el Ministerio Público determine si procede una investigación formal y qué acciones tomará en relación con las pruebas depositadas.
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