Nuevas declaraciones incorporadas al expediente del Ministerio Público refuerzan las acusaciones en torno al presunto fraude millonario que se investiga en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), caso que supera los RD$15,000 millones y que forma parte de la denominada Operación Cobra.
De acuerdo con la solicitud de medidas de coerción, el exdirector del SeNaSa, Santiago Hazim, habría ignorado advertencias formales emitidas por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) y, presuntamente, favorecido a determinados prestadores de servicios médicos cuestionados por la calidad del gasto.
Entre los contratos señalados figura el de la Clínica Cruz Jiminián, cuya cancelación habría sido recomendada por la Sisalril a inicios de este año. Sin embargo, según testimonios incluidos en el proceso, dichas observaciones no fueron atendidas por la entonces máxima autoridad del SeNaSa.
El exgerente de la institución, Jaime Miguel Licairac Hernández, declaró que las advertencias para rescindir contratos se produjeron en enero y febrero, pero fueron desestimadas. En su testimonio, atribuido al expediente acusatorio, se recoge una supuesta expresión de Hazim en la que rechazaba intervenir en el contrato de la referida clínica, lo que el Ministerio Público interpreta como un acto de desacato regulatorio.
Licairac Hernández también indicó que presentó su renuncia de forma acelerada tras la negativa del exdirector a reconocer pérdidas financieras acumuladas que, según los estados contables, superaban los RD$2,600 millones.
Declaraciones bajo juramento fortalecen la acusación
Otro testimonio considerado relevante por el órgano acusador es el de Roberto Canaán Acta, señalado como parte del entorno cercano de Hazim. Según la acusación, Canaán habría admitido la entrega de RD$10 millones en efectivo al exdirector del SeNaSa, fondos que presuntamente provinieron de Osman Andrés, vinculado al Centro Médico Elohim, y que habrían tenido como destino una campaña política en 2024.
Canaán también describió el funcionamiento interno del Comité de Contrataciones Médicas, asegurando que decisiones clave se validaban mediante intermediarios cercanos a la dirección y mencionando la existencia de un grupo reducido de influencia identificado por apodos, supuestamente relacionado con empresas bajo investigación.
Para el Ministerio Público, estas declaraciones apuntan a la existencia de una estructura de poder que habría incidido en organismos reguladores del sistema de seguridad social, incluyendo la Sisalril y el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS).
Ministerio Público no descarta nuevos imputados
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, reiteró que el proceso investigativo continúa abierto y que podrían producirse nuevas imputaciones. Destacó que la prioridad del caso es esclarecer completamente los hechos y procurar la recuperación de los recursos que habrían sido desviados.
Además de Santiago Hazim, el expediente incluye como imputados a Gustavo Messina, Germán Robles, Francisco Minaya, Eduardo Read, Cinty Acosta, Ramón Speakler, Ada Ledesma, Heidi Pineda y Rafael Luis Martínez.
Mientras el caso avanza en los tribunales, el Ministerio Público desarrolla una segunda fase de la pesquisa, identificada internamente como “SeNaSa 2.0”, con el objetivo de profundizar en las responsabilidades administrativas, financieras y penales vinculadas al proceso.
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