SANTO DOMINGO.– La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) condenó al Instituto Postal Dominicano (Inposdom) y a su director general, Erick Alberto Guzmán Núñez, al pago solidario de RD$1,500,000 a favor de la servidora pública Beata María Pérez Miliano, debido al incumplimiento de una sentencia que ordenaba su reincorporación laboral.
La decisión está contenida en la Sentencia 0030-02-2026-SSEN-00667, mediante la cual el tribunal también estableció una penalidad de RD$5,000 por cada día de retraso en el cumplimiento de la restitución de la empleada. Esta sanción comenzará a aplicarse 30 días después de la notificación del fallo.
El conflicto judicial se originó por la falta de ejecución de una sentencia emitida en noviembre de 2023, que ordenaba al Inposdom reintegrar a Pérez Miliano a su puesto, mantener sus condiciones laborales y salariales y pagar los salarios dejados de percibir.
La decisión anterior adquirió carácter definitivo en mayo de 2025, cuando la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia rechazó un recurso de casación presentado por la entidad estatal.
Pese a ese resultado, la empleada acudió nuevamente a la justicia para reclamar las consecuencias del incumplimiento, lo que derivó en la condena por daños y perjuicios contra la institución y su titular.
Fundamento legal de la condena
La representación legal de Pérez Miliano, a cargo del bufete Centro Jurídico e Inversiones Batía Ramos, sustentó la demanda en el artículo 148 de la Constitución dominicana, relativo a la responsabilidad civil de las entidades públicas y sus funcionarios por los daños ocasionados en el ejercicio de sus funciones.
Los abogados señalaron que el caso pone de relieve las consecuencias legales que puede generar la falta de cumplimiento de las decisiones judiciales por parte de organismos estatales.
Asimismo, estimaron que existen más de 700 sentencias pendientes de ejecución en el sector público, una situación que, a su juicio, evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos para garantizar que las instituciones y sus funcionarios acaten los fallos definitivos de los tribunales.
La condena busca reparar los perjuicios reclamados por la servidora pública y establecer un mecanismo económico de presión para que se cumpla la orden de reincorporación laboral.
