El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, aseguró este jueves que ayer se realizaron unos 24 allanamientos en el Distrito Nacional, y las provincias Santo Domingo y Monseñor Nouel, con el fin de encontrar evidencias suficientes que fortalezcan sus investigaciones.
“Estos allanamientos se hicieron con el interés de recabar evidencias suficientes para colocar este proceso de investigación en iguales condiciones de las anteriores y presentar una investigación blindada al momento que vaya a presentarse en el momento oportuno ante los tribunales”, señaló el procurador adjunto.
Durante los allanamientos, los cuales describió como exitosos, no se apresó a ningún ciudadano puesto que el objetivo era recopilar datos y documentos.
La información recabada es, según Camacho, acerca del tema de sobornos, coalición de funcionarios y lavado de activos, entre otros delitos de los que se acusa a este “entramado de corrupción que se había instalado en el Estado, depredando recursos públicos”, encabezado, según los fiscales, por Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina.
Asimismo, las autoridades están procurando recolectar información sobre las Edes, instituciones que se convirtieron en actores civiles y cuyas querellas traen nuevas líneas de investigación, para las cuáles también se necesitan evidencias.
Como ha sido común en otras intervenciones, el titular de la Pepca también agregó que añadirán a más personas involucradas en el caso; sin embargo, aclaró que las informaciones sobre ellas serán ofrecidas en el momento oportuno.
Estas pesquisas se realizan faltando días para que se conozca la solicitud de prórroga de cuatro meses que solicitó el Ministerio Público al Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, para presentar la acusación contra Alexis Medina Sánchez y los demás imputados por corrupción y lavado de activos del caso Antipulpo.
Los operativos fueron realizados por fiscales de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dirigida por el procurador adjunto Wilson Camacho, y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que encabeza la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.
En torno al proceso judicial, el Ministerio Público solicitó en agosto pasado una prórroga de cuatro meses al Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para presentar la acusación contra los imputados, argumentando diversas razones, que incluyen la apertura de nuevas líneas de investigación y la espera de un informe de la Cámara de Cuentas.
Involucrados
Junto a Alexis Medina Sánchez, la justicia impuso prisión preventiva desde diciembre pasado a Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper); Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher, ex director general y ex director de Fiscalización de la Oisoe, respectivamente; Wacal Vernavel Méndez Pineda, tesorero de las empresas creadas por Medina Sánchez; así como Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona, acusados de testaferros de Medina Sánchez.
Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública, cumple arresto domiciliario, mientras Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis Medina Sánchez y ex vicepresidenta administrativa del Fonper, permanece en un espacio controlado con un localizador electrónico.
El ex contralor general Rafael Antonio Germosén permanece en arresto domiciliario, mientras que Domingo Antonio Santiago, otro de los acusados de ser prestanombres del cabecilla de la red, debe cumplir con una presentación periódica ante los órganos persecutores del Ministerio Público.
