El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó la madrugada de este martes a 20 años de prisión al exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), mayor general Adán Cáceres Silvestre, tras hallarlo culpable de lavado de activos, desfalco, estafa al Estado, asociación de malhechores y enriquecimiento ilícito en el denominado caso Coral.
La misma condena fue impuesta al exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), general Juan Carlos Torres Robiou, y al coronel Rafael Núñez de Aza, quienes enfrentaban cargos similares dentro de la presunta red de corrupción.
Además de las penas de prisión, el tribunal ordenó a los condenados el pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos y dispuso una indemnización de 5,000 millones de pesos a favor del Estado dominicano.
En la decisión también fueron sentenciados a 15 años de cárcel el general Julio Camilo de los Santos Viola y Rossy Guzmán, conocida públicamente como “la Pastora”. Mientras que Esmeralda Ortega Polanco, Boanerges Reyes Batista, José Manuel Rosario Pirón, Kelman Santana Martínez y Franklin Antonio Mata Flores recibieron condenas de 10 años de prisión.
Por otro lado, el tribunal emitió sentencias absolutorias para varios acusados, entre ellos Miguel Alfredo Ventura Pichardo, Santiago Suárez, Enmanuel Antonio Alba Trinidad, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Tanner Antonio Flete Guzmán y Erick Daniel Pereira Núñez, así como para la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo.
En el caso del mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien colaboró con el Ministerio Público como testigo clave, fue condenado a cinco años de prisión, pena que ya cumplió.
Tras conocerse el fallo, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó la sentencia como una decisión “histórica” y destacó que representa un respaldo al trabajo investigativo realizado por el órgano acusador.
El proceso judicial del caso Coral involucró a 36 imputados, entre personas físicas y jurídicas, y se desarrolló desde junio de 2024, convirtiéndose en uno de los expedientes de corrupción administrativa más relevantes de los últimos años en República Dominicana.
